Durante su visita a Paraguay, donde se reunió con el presidente Santiago Peña y participó en foros con empresarios, Javier Milei volvió a referirse al rol del Estado en la obra pública. El mandatario sostuvo que el “superávit primario” permitirá que el sector público financie al privado para desarrollar “obras fundamentales de infraestructura y logística”. Sin embargo, las cifras oficiales de su propio presupuesto contradicen ese discurso.

“Por primera vez en décadas, en vez de que el sector privado financie al público, el sector público va a financiar al privado para desarrollar las obras que el país necesita”, dijo Milei frente a industriales paraguayos. El anuncio buscó mostrar un giro en la política de inversión en rutas, caminos y transporte, un reclamo que atraviesa a gobernadores, empresarios de energía, productores agropecuarios y la industria.

Desde que asumió el gobierno libertario, la obra pública se encuentra virtualmente paralizada en todo el país. Los reclamos por infraestructura se multiplican en provincias y sectores estratégicos, pero el Presupuesto 2026 presentado por el propio Ejecutivo profundiza el ajuste. Según un análisis publicado por El Cronista, la inversión de capital destinada a “Servicios Económicos”, que incluye caminos y proyectos de transporte, cae de 2,29 billones de pesos en 2025 a 2,04 billones en 2026.

La reducción representa un ajuste del 10,8% respecto del año anterior, lo que en términos absolutos implica un recorte de casi 249 mil millones de pesos. Es decir, mientras Milei habla de un período “virtuoso de inversión”, los números muestran una desinversión significativa en infraestructura.

La contradicción se acentúa al considerar que el Presupuesto 2025 —finalmente retirado por el propio Gobierno— ya proyectaba un fuerte ajuste en el gasto de capital con relación a los años anteriores. Pese a esa base reducida, la nueva pauta presupuestaria disminuye aún más las partidas.

De acuerdo con datos del Centro de Economía Política (CEPA), el nivel de ejecución en programas de transporte y obra pública es “extremadamente bajo” y cercano a la paralización. En este contexto, los anuncios del Presidente en Paraguay se enfrentan con la realidad de un Estado que recorta la inversión en infraestructura básica y posterga las demandas urgentes de las provincias y del sector productivo.