La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) expresó su profundo rechazo al veto presidencial dispuesto por Javier Milei sobre la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por amplia mayoría en el Congreso de la Nación.

Según la entidad, la ley tenía como objetivo garantizar recursos adecuados y previsibles para el sostenimiento del sistema universitario nacional, que hoy atraviesa una crisis que pone en riesgo su funcionamiento. “El veto presidencial constituye un golpe institucional y social de extrema gravedad”, señalaron desde ADPRA.

La asociación recordó que la Constitución Nacional protege el derecho de enseñar y aprender y establece la obligación del Congreso de dictar leyes que aseguren la organización y financiamiento de la educación pública, promoviendo la igualdad de oportunidades y el desarrollo científico y tecnológico. Además, la reforma constitucional de 1994 elevó a jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos que reconocen la educación superior como un derecho humano fundamental.

ADPRA advirtió que la universidad pública no solo es un espacio académico, sino también un motor de movilidad social, producción de conocimiento y soberanía cultural, tecnológica y científica, con reconocimiento internacional. “El veto presidencial no solo desconoce este legado, sino que se inscribe en una política sistemática de desfinanciamiento y hostigamiento hacia la educación superior pública”, señalaron.

La asociación sostuvo que la medida menoscaba la autonomía universitaria, desoye la voluntad del Congreso y debilita los consensos básicos de la democracia. “El debilitamiento de las universidades públicas atenta contra el presente y el futuro de la sociedad argentina, afectando a millones de estudiantes, docentes y trabajadores, pero también al país entero”, alertaron.

ADPRA enfatizó que la educación pública es un derecho que los gobiernos no pueden conceder ni quitar discrecionalmente. “Atacar la universidad pública es desconocer el legado reformista de 1918, que abrió las puertas del saber a todo el pueblo y consagró la autonomía, la democracia y el pensamiento crítico como pilares de nuestra educación superior”, indicaron.

Finalmente, la asociación advirtió que “el veto presidencial no es un acto de austeridad responsable, sino un recorte directo al conocimiento, a la igualdad de oportunidades y al futuro productivo de la Argentina. La educación no se negocia ni se ajusta; se garantiza y se conquista”.