El Consejo de la Magistratura de Río Negro escuchó este viernes los alegatos finales en el juicio político al camarista Gustavo Guerra Labayén, acusado de mal desempeño en sus funciones. El Procurador General Jorge Crespo solicitó la destitución y la inhabilitación por cinco años para ejercer cargos dentro del Poder Judicial, mientras que el defensor Fernando Chironi pidió que se imponga una sanción menor y no la máxima prevista por la ley.

Crespo enmarcó su exposición en dos hechos: el atraso en el dictado de sentencias en 25 causas y la pérdida de jurisdicción en ocho expedientes. Señaló que los propios reconocimientos del magistrado debieron ser corroborados con auditorías y testimonios, que confirmaron la existencia de fallos dictados fuera de los plazos legales. “Los tiempos los fija la ley, no la voluntad individual”, expresó, y advirtió que los retrasos generan un perjuicio directo en la sociedad.

El Procurador afirmó que el comportamiento de Guerra Labayén no sólo deterioró la confianza en la Justicia sino que provocó consecuencias económicas para los justiciables. “La mora judicial no sólo afecta al Poder Judicial como institución, sino que repercute en la vida de las personas que esperan una resolución. Por eso hablamos de un caso de mal desempeño que requiere una respuesta institucional”, sostuvo.

Durante su alegato, Crespo fue más allá y señaló que el camarista priorizó su “ego por sobre su función”. Consideró que la búsqueda de fallos técnicamente impecables no puede justificar demoras excesivas en la resolución de los conflictos. “Un juez que no sopesa la necesidad de cumplir en tiempo y forma con su trabajo crea un problema no sólo al Poder Judicial, sino también a la sociedad”, afirmó.

En sentido contrario, el defensor Fernando Chironi insistió en que la conducta atribuida a su representado no puede ser analizada de manera aislada, sino en el contexto general del funcionamiento de la Justicia provincial. Recordó que otros fueros presentan porcentajes de sentencias fuera de término aún mayores, y citó como ejemplo que en la Cámara Civil de Viedma ese indicador alcanza el 74%, frente al 24,5% registrado en la Cámara Laboral donde actúa Guerra Labayén.

“Es cierto que hubo atraso, pero no es una isla. Pasa en toda la provincia”, señaló Chironi, quien además cuestionó que el Superior Tribunal de Justicia no implementó un plan de recuperación en el caso de su defendido, a diferencia de lo ocurrido con otros juzgados. Planteó que “mal de muchos no puede ser consuelo de tontos”, pero que la igualdad de trato es un principio constitucional que no se respetó en este proceso.

El defensor también destacó que Guerra Labayén nunca recibió sanciones ni apercibimientos en más de tres décadas de carrera judicial, y que fue un magistrado consultado por sus pares y reconocido por capacitar a sus equipos de trabajo. “No estamos frente a un juez que se cruzó de brazos mientras se acumulaban expedientes, sino a alguien que hacía su tarea con sus métodos. ¿Lo hacía fuera de plazo? Sí, eso no está en discusión. Pero la calidad de su labor y su trayectoria no pueden ser desconocidas”, afirmó.

Chironi recordó además que la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que los juicios políticos no buscan sancionar, sino determinar si un magistrado perdió su idoneidad. “En este caso no se ha demostrado que Guerra Labayén haya perdido esa condición”, remarcó al solicitar que se imponga una sanción menor.

El jury está integrado por la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, Cecilia Criado, los jueces Gustavo Bronzetti, los legisladores Marcelo Szczygol, Marcela González Abdala y Juan Murillo Ongaro, y los representantes del Colegio de la Abogacía de Viedma, Maximiliano Mullaly Bratulich, Candela Soledad Fantón y Luisina Paola Devia. La sentencia se dará a conocer el próximo viernes 12, al mediodía.