El Consejo Directivo Central del sindicato UnTER presentó un anteproyecto de ley provincial orientado a prevenir, abordar y erradicar hechos de violencia hacia trabajadorxs de la educación en Río Negro. La iniciativa propone un marco de protección integral y fue entregada en una reunión con la legisladora Patricia Mc Kidd, integrante de la Comisión de Educación de la Legislatura.

La propuesta contempla medidas preventivas, el fortalecimiento institucional y la creación de equipos de intervención especializados, y será elevada en los próximos días a los distintos bloques parlamentarios para su análisis y tratamiento.

El anteproyecto se enmarca en los principios establecidos por el Convenio 190 y la Recomendación 206 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), asumidos por Argentina, y define con claridad los actos que constituyen violencia laboral hacia docentes. A su vez, contempla agravantes para los casos que se produzcan en presencia del estudiantado.

Uno de los ejes principales es la conformación de Equipos de Coordinación y Orientación (ECO) en cada zona supervisiva, integrados por profesionales de trabajo social, psicología, psicopedagogía y psicología social. Su función será intervenir ante situaciones de violencia, acompañar a lxs trabajadorxs afectadxs, colaborar en diagnósticos institucionales y participar en la elaboración de estrategias y planes de acción.

Los ECO también tendrían a su cargo el registro de casos, la construcción de mapas territoriales, la formación de equipos escolares y la articulación con organismos provinciales y municipales. Se prevé, además, la creación de un régimen específico que regule sus condiciones laborales, requisitos de ingreso y funciones.

Otro aspecto relevante es la modificación del Código Contravencional de Río Negro (Ley 5592) mediante la incorporación de un artículo que sancione las agresiones cometidas contra docentes durante el ejercicio de sus funciones. El texto prevé distintos tipos de pena según la gravedad de los hechos, tanto en el plano administrativo como judicial.

El anteproyecto reafirma la responsabilidad del Estado provincial en la implementación de políticas preventivas que garanticen ambientes escolares seguros, respetuosos y libres de violencia. Según indicó el sindicato, el objetivo es establecer un marco legal que resguarde las condiciones de trabajo y brinde herramientas institucionales para intervenir de forma efectiva en situaciones de maltrato o vulneración de derechos.

Cabe recordar que recientemente el legislador Luciano Delgado Sempé presentó una iniciativa similar en la Legislatura, con eje en la protección de docentes frente a situaciones de violencia en el ámbito escolar.