La posibilidad de que Campo Grande pierda recursos en el nuevo esquema de coparticipación provincial quedó en revisión tras los cuestionamientos a los datos del último censo, en una discusión que derivó en el análisis de un tratamiento diferencial para el municipio.

El intendente de Campo Grande, Daniel Hernández, confirmó que en las reuniones con el Ejecutivo provincial se acordó avanzar en un análisis específico para ese municipio. Según explicó, existe coincidencia en que los datos censales no reflejan la realidad local, por lo que se evaluará incorporar otros indicadores para definir el reparto de recursos.

El esquema general toma como base el último censo, complementado con variables como padrón electoral y matrícula escolar. Sin embargo, en el caso de Campo Grande —y también en el de Contralmirante Cordero— se detectaron diferencias que motivaron una discusión aparte. Hernández detalló que, en su municipio, los registros oficiales arrojan cifras que no coinciden con la dinámica poblacional, lo que derivó en el pedido de revisar los parámetros.

Para sostener su posición, el municipio presentó información alternativa que incluye datos del padrón electoral, registros de personas extranjeras, matrículas educativas y movimientos en el Registro Civil vinculados a cambios de domicilio. La definición sobre qué indicador se utilizará finalmente aún no está cerrada y será parte de una instancia específica de negociación con la Provincia.

En el esquema preliminar, Campo Grande aparece entre los municipios que perderían recursos. No obstante, el intendente estimó que, a partir de esta revisión, podría ubicarse dentro del grupo que mantenga su actual nivel de coparticipación, aunque aclaró que la discusión sigue abierta.

Más allá del caso puntual, el rediseño del índice generó posiciones diversas entre intendentes e intendentas. Durante los encuentros, se plantearon pedidos de compensación por parte de los distritos que verían reducidos sus ingresos, mientras que también hubo coincidencias en la necesidad de actualizar la ley vigente, que data de principios de la década del noventa.

En ese marco, surgieron propuestas para incorporar nuevos criterios en el reparto, como indicadores vinculados a la gestión municipal. También se expusieron situaciones particulares de economías regionales, donde determinadas actividades productivas no generan ingresos por vía impositiva, lo que impacta en la distribución de recursos.

Según Hernández, la Provincia mantendría el cronograma previsto, con la intención de cerrar la propuesta durante este mes y enviarla a la Legislatura en abril. No obstante, se comprometió a analizar los planteos realizados por los distintos municipios antes de la redacción final del proyecto.

En paralelo, otro de los ejes abordados fue la distribución de regalías hidrocarburíferas, en un contexto de cambios en el mapa energético provincial. En ese punto, Campo Grande aparece entre los municipios que podrían verse beneficiados, aunque en una proporción menor a la esperada en relación con su nivel de producción.

Finalmente, el intendente describió un escenario de restricciones financieras a nivel local, marcado por la paralización de obras públicas con financiamiento nacional. Indicó que esto impacta especialmente en infraestructura, aunque señaló que la Provincia continúa acompañando con algunas intervenciones puntuales, mientras el municipio busca sostener su actividad económica con el desarrollo del parque industrial.