El anuncio del cierre definitivo de la Dirección Nacional de Vialidad, junto a otros organismos vinculados al control y la seguridad del transporte, generó una inmediata y dura respuesta por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Mientras el vocero presidencial Manuel Adorni y el ministro Federico Sturzenegger aseguraron que se trata de una medida orientada a eliminar la corrupción en la obra pública, el gremio la calificó como un “desmantelamiento” que pone en riesgo la vida de millones de personas y lesiona el federalismo.
El Gobierno confirmó que el decreto con la disolución de Vialidad Nacional será publicado este martes en el Boletín Oficial, en el marco del vencimiento de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso en 2023. Según detallaron Adorni y Sturzenegger, la reorganización alcanzará también a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos del Transporte. Además, se abrirá la licitación de más de 9 mil kilómetros de rutas.
“La corrupción en la obra pública tiene hoy su acta de defunción firmada”, expresó Adorni, quien vinculó la medida a causas judiciales como la conocida causa Vialidad, que investigó irregularidades en la adjudicación de obras viales durante los gobiernos kirchneristas. “Durante décadas hubo contratos amañados, adelantos financieros sin justificación, abandono de obras y ampliaciones de plazos injustificadas”, explicó.
Por su parte, Sturzenegger defendió el uso temporal de las facultades delegadas y aclaró que el presidente Milei no pretende prorrogarlas. “No queremos gobernar con ellas, sino que fueron utilizadas para acelerar reformas. Ahora, la democracia sigue sin necesidad de ese instrumento”, sostuvo.
Desde ATE, en tanto, el rechazo fue total. El Secretario General del gremio a nivel nacional, Rodolfo Aguiar, acusó al Ejecutivo de avanzar en un “desinterés total por la vida de la gente” y advirtió que la decisión afectará directamente a la conectividad y seguridad vial en todas las provincias.
“El cierre de Vialidad Nacional implica un retroceso sin precedentes. Se están poniendo en riesgo millones de vidas. En estos últimos 18 meses el abandono fue notorio, y a partir de ahora será todo peor”, afirmó Aguiar, quien también pidió a los gobernadores que se pronuncien públicamente y “dejen el letargo”.
Aguiar denunció además que “el decreto da nacimiento a mega negociados” y que se intenta “privatizar tareas estratégicas como el mantenimiento vial”. A su entender, la nueva agencia que se creará será “una gran caja negra para la política” y alertó sobre la ilegalidad de delegar en Gendarmería el control del tránsito: “Esto representa una militarización de las rutas”.
La disolución de Vialidad Nacional afecta directamente a unos 5.000 trabajadores y trabajadoras y deja sin gestión directa más de 40.000 kilómetros de rutas nacionales, muchas de ellas troncales en la conectividad del país. La histórica Dirección Nacional de Vialidad fue creada en 1932 como una herramienta federal para la planificación y mantenimiento de la infraestructura vial en todo el territorio nacional.
Ante este escenario, ATE anticipó que profundizará las medidas de fuerza en todo el Estado Nacional y llamó a defender las estructuras del Estado que considera “clave para la soberanía”.
5 diciembre 2025
Gremiales