El abogado del gremio Soyem, Diego Sacchetti, brindó precisiones sobre el conflicto en torno a la representación gremial en el Instituto Provincial del Seguro de Salud (IPROSS), luego de que la Secretaría de Trabajo diera lugar a una impugnación de UPCN, lo que motivó una medida cautelar presentada por su parte. Sacchetti afirmó que la Cámara Laboral suspendió los efectos de la resolución administrativa hasta tanto se resuelva el recurso interpuesto por el gremio, y advirtió sobre los riesgos de judicializar espacios que históricamente se definieron por acuerdo entre las organizaciones sindicales.

“Lo que hicimos fue presentar un recurso administrativo para evitar que quedara firme la resolución de la Secretaría de Trabajo, y en paralelo una medida cautelar para que se suspendiera esa decisión mientras se analiza la legalidad del procedimiento”, explicó el letrado.

La resolución impugnada había anulado la votación del 10 de junio, en la que se definió la continuidad de ATE y Unter en la Junta de Administración del IPROSS y un mandato compartido entre Viales y Sitrajur. En esa oportunidad, el Consejo Asesor contó con la participación de los ocho gremios estatales, incluido Soyem. Sin embargo, tras la objeción de UPCN, APEL y Sitsa, Trabajo consideró que el gremio de los municipales no debía participar y convocó una nueva reunión para este miércoles con los siete restantes. Esa convocatoria quedó suspendida tras la medida judicial.

“La Cámara Laboral, si bien se declaró incompetente para intervenir en el fondo, reconoció que había una verosimilitud en el planteo jurídico y un riesgo inminente, porque se preveía una reunión en la que se podía consolidar una representación que luego sería difícil revertir”, detalló Sacchetti.

La discusión gira en torno al artículo 48 de la Ley N° 2.753 del IPROSS, que establece que el Consejo Asesor estará integrado por “todos los gremios que representan a los agentes públicos de la Provincia y sus municipios”. La interpretación sobre si ese texto exige una representación integral de los trabajadores municipales es parte del debate de fondo que aún no fue resuelto.

“La Cámara dijo que para poder suspender los efectos de la resolución de Trabajo, tenía que analizar mínimamente el fondo del asunto”, añadió Sacchetti, al remarcar que el fallo considera que podría existir un derecho vulnerado y un perjuicio si se avanzaba con una nueva designación sin resolver antes el reclamo de Soyem.

El abogado del gremio remarcó que la Secretaría de Trabajo ya fue notificada de la resolución judicial, tanto por cédula como por vía electrónica, y que ahora será el Superior Tribunal de Justicia quien deberá definir qué fuero judicial es competente para intervenir en el conflicto. “Por ahora, se suspendió la resolución de Trabajo. El debate sigue abierto y hay muchas puertas posibles, pero el proceso está en curso”, señaló.

Sacchetti lamentó que este tipo de conflictos, que antes se resolvían dentro del campo sindical, ahora estén siendo trasladados al terreno judicial. “Durante muchos años, las representaciones en el Consejo Asesor se resolvieron entre los gremios. A veces nos tocaba a unos, a veces a otros. Pero lo importante es que había respeto por los turnos, las trayectorias y la alternancia. Hoy eso se ha perdido y decidimos entregar el conflicto a un tercero”, expresó.

Según el abogado, el actual nivel de judicialización responde a la falta de consensos y al deterioro del diálogo entre las organizaciones. “Que los jueces terminen decidiendo quién representa a los trabajadores es un retroceso”, reflexionó.

Aun así, Sacchetti no descarta que los gremios puedan alcanzar algún tipo de entendimiento político que permita descomprimir la situación: “Si existiera la voluntad de retrotraer la discusión al ámbito sindical, todavía hay margen. Pero si seguimos este camino, entramos en un debate perpetuo en el que terceros van a definir por nosotros”, concluyó.

La situación deja en suspenso la conformación del Consejo Asesor del IPROSS y abre interrogantes sobre la institucionalidad del sistema de salud de los trabajadores públicos, en un contexto de fragmentación gremial, judicialización creciente y falta de acuerdos sostenidos en el tiempo.