Dirigentes sindicales y políticos de Río Negro expresaron su repudio a la confirmación de la condena judicial contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “Vialidad”, tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia que impide su postulación como candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires.
Rodrigo Vicente, secretario general de ATE Río Negro, calificó a los magistrados como “los líderes de una Justicia que da asco” y sostuvo que “la inhabilitación política de una dirigente con alta adhesión popular es un retroceso enorme para la democracia”. En ese marco, denunció que la judicialización de la política “es la herramienta que tienen los poderosos para manipular los escenarios electorales y deshacerse así de la voluntad popular”.
Desde el Consejo Directivo Nacional de ATE emitieron un comunicado titulado “Repudio al asalto judicial a la democracia”, en el que advirtieron que “la Justicia, la derecha y el poder económico buscan acallar a quienes defendemos la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”. La organización gremial declaró el estado de asamblea permanente y movilización en toda la administración pública, en respuesta a lo que consideraron un intento de proscripción política.
En la misma línea, la conducción provincial de UnTER manifestó su rechazo a lo que definieron como “la convalidación de la persecución judicial”. A través de una declaración firmada por su secretaria general, Silvana Inostroza, afirmaron que el fallo “carece de fundamentos legales y busca disciplinar a los sectores opositores a este gobierno y a los grupos económicos dominantes que lo sustentan”. Además, reclamaron la independencia de los tres poderes del Estado y exigieron el cese inmediato de la persecución política, sindical y social.
Osvaldo Nemirovsci, ex diputado nacional, opinó que la condena a la ex presidenta se construye sobre “una responsabilidad objetiva” sin pruebas contundentes que acrediten su participación en delitos. Consideró que el juicio “adoleció de vicios formales” y que la sentencia “funge como una proscripción objetiva”, en el marco de una estrategia impulsada por sectores del poder judicial, medios de comunicación y espacios políticos conservadores.
Desde el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro (Sitrajur), su dirigente Pablo Barreno también cuestionó la legitimidad del fallo y denunció una coordinación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo Nacional para impedir la participación electoral de la dirigente. “Lamentablemente en Argentina no hay Estado de Derecho. Se violan por completo los principios republicanos”, afirmó.
El presidente del bloque legislativo “Vamos con Todos”, José Luis Berros, consideró que el fallo es “una traición al pueblo argentino” y una prueba de cómo “la Justicia se ha convertido en un instrumento corrupto de unos pocos intereses”. En ese sentido, expresó que el peronismo no se doblegará y que continuará la defensa de la historia del movimiento y de los sectores más humildes.
Todos los referentes coincidieron en señalar que la resolución judicial se conoció pocos días después de que Cristina Fernández de Kirchner anunciara públicamente su voluntad de competir en las elecciones legislativas por la provincia de Buenos Aires, y remarcaron que el fallo debilita las bases del sistema democrático.
Organizaciones sindicales, sociales y políticas rionegrinas anunciaron nuevas instancias de movilización y articulación en defensa de lo que definieron como “una democracia plena y sin proscripciones”.
19 julio 2025
Gremiales