En una sesión cargada de definiciones políticas, la Legislatura de Río Negro aprobó la ley que incorpora la figura de la reiterancia delictiva como causal para dictar prisión preventiva. Se trata de una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que obtuvo el acompañamiento mayoritario de las y los legisladores y que busca, según se indica, poner fin a situaciones en las que personas con antecedentes penales múltiples son liberadas mientras se sustancian nuevas causas en su contra.

El proyecto presentado por el Ejecutivo se inscribe en una agenda más amplia de reformas al sistema judicial y de seguridad. La iniciativa fue respaldada en el recinto con el argumento de que se trata de una herramienta destinada a fortalecer la protección a las víctimas, una demanda sostenida en distintos sectores sociales.

La ley establece que la reiteración de delitos podrá ser considerada por jueces y juezas al momento de definir si una persona queda detenida durante el proceso judicial. Esta figura, hasta ahora ausente en la normativa rionegrina, busca reforzar la posibilidad de dictar prisión preventiva en casos donde existan indicios de conductas persistentes en el delito.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la reforma se complementa con la normativa de Doble Instancia, ya vigente, que impide que personas con condena en primera y segunda instancia continúen en libertad mientras esperan decisiones de organismos extraordinarios. A esto se sumará la puesta en marcha del Registro Provincial de Huellas Genéticas, que permitirá la comparación de perfiles de ADN para acelerar investigaciones penales.

El gobernador Alberto Weretilneck manifestó, en el marco de la aprobación de la norma, que con esta serie de medidas “el mensaje es claro: en Río Negro los delitos tienen consecuencias”. Fuentes del Ejecutivo indicaron a este medio que el objetivo central de las reformas es “cerrar la puerta a la impunidad” y brindar herramientas al Poder Judicial para abordar con mayor eficacia la criminalidad reiterada.

Las leyes aprobadas forman parte de una estrategia integral delineada desde el Ministerio de Seguridad y Justicia, en articulación con el Poder Judicial y legisladores oficialistas. En ese sentido, se busca reforzar el control estatal sobre quienes hayan atravesado múltiples procesos judiciales, sin que ello implique vulneraciones al derecho a la defensa ni afecte principios constitucionales, según sostienen desde el oficialismo.

Organizaciones de derechos humanos y referentes del ámbito jurídico han seguido con atención el tratamiento de estas leyes. Algunos sectores, aunque reconocen la necesidad de reformas en el sistema penal, plantean la necesidad de acompañar estas medidas con inversiones sostenidas en el sistema carcelario y estrategias de prevención del delito a largo plazo.

La nueva ley ya fue promulgada y en las próximas semanas se avanzará en la reglamentación y capacitación de los operadores judiciales para su correcta implementación. Mientras tanto, desde el Ejecutivo señalaron que continuarán promoviendo proyectos legislativos en la misma línea, con el objetivo de responder a las demandas sociales en materia de justicia y seguridad.