Ante la falta de una oferta formal por parte del Gobierno Nacional en la mesa de negociación paritaria, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el proceso es un “fraude” y exigió que el salario mínimo para los trabajadores estatales se eleve a $1.800.000. La reunión pasó a un cuarto intermedio sin avances concretos.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, cuestionó la postura del Ejecutivo y afirmó que la negociación salarial vulnera el Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve la negociación colectiva auténtica. Según indicó, el Gobierno estaría utilizando el ámbito paritario como una herramienta para congelar los sueldos del personal estatal, sin dar lugar a la representación gremial.

En ese marco, Aguiar manifestó que las políticas implementadas por el Poder Ejecutivo “están destruyendo el diálogo social” y advirtió que “la afectación de la paz social es exclusiva responsabilidad del Gobierno”. Además, remarcó que se requieren respuestas concretas ante los reclamos de los trabajadores y trabajadoras para preservar el equilibrio en las relaciones laborales.

La exigencia del gremio se fundamenta en un informe elaborado por trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), que calcula que el ingreso mínimo necesario para una familia tipo —compuesta por dos personas adultas y dos menores— es de $1.819.121. De ese total, $630.974 se destinan a la Canasta Alimentaria Mínima, y $1.188.147 a otros bienes y servicios esenciales.

La paritaria en la Administración Pública Nacional corresponde al período comprendido entre junio de 2024 y mayo de 2025. Hasta el momento, los aumentos salariales acumulados en ese ciclo alcanzaron un 20,8%, mientras que la inflación fue del 41,4%. De este modo, el inicio del nuevo periodo paritario 2025-2026, regido por el Convenio Colectivo de Trabajo 214/06, comienza sin actualizaciones salariales.

En este contexto, ATE evalúa la continuidad del plan de acción sindical, en rechazo a las cesantías consideradas ilegales, las restricciones al derecho constitucional a huelga, y las políticas de cierre o fusión de organismos estatales. El gremio anticipó que definirá nuevas medidas de fuerza en los próximos días.