La Unión de Trabajadores Hoteleros, Gastronómicos y Afines (UTHGRA) de Viedma expresó su “profunda preocupación” por la crítica situación que atraviesa la planta de ALPAT en San Antonio Oeste y reclamó al Gobierno nacional una intervención inmediata que permita garantizar la continuidad operativa de la empresa.

A través de un comunicado firmado por su secretario general, Roberto Vargas, el gremio remarcó que una paralización definitiva de la actividad de la fábrica “no solo afectaría gravemente la producción local, sino que pondría en riesgo más de mil puestos de trabajo directos”, lo que, aseguraron, tendría un “impacto social devastador” en la región.

La advertencia se conoce mientras continúa en curso un proceso preventivo de crisis presentado por ALPAT, y a días de una audiencia clave convocada por el Ministerio de Trabajo para el próximo lunes 19. El secretario general del Sindicato del Personal de Industrias Químicas y Petroquímicas (SPIQyP), Ariel Castillo, había adelantado que en esa instancia se espera firmar un acta acuerdo para cerrar el proceso, condicionado a la homologación de un expediente de ayuda económica gestionado ante el gobierno provincial.

En ese marco, UTHGRA reclamó la intervención del Poder Ejecutivo nacional para que “priorice este tema en su agenda” y facilite soluciones concretas. Entre las medidas propuestas mencionaron apoyo financiero, renegociación de deudas e incentivos para la reactivación productiva. “La pérdida de estos empleos agravaría significativamente la situación socioeconómica de la región, incrementando la desocupación y la precarización laboral”, se indicó en el documento.

Vargas sostuvo además que “ningún sector de la sociedad está en condiciones de absorber una crisis de esta magnitud” y reafirmó el compromiso del gremio con “todo proceso que garantice derechos laborales y sostenibilidad productiva”.

Actualmente, la empresa mantiene el pago de salarios en cuotas y sostiene un plan de retiros voluntarios para reducir la planta entre 40 y 60 trabajadores, en el marco de las gestiones que buscan evitar despidos masivos. El gremio mayoritario en la fábrica, SPIQyP, denunció que el personal percibe haberes con un atraso de ocho meses y espera que el acta final garantice tanto la continuidad de los puestos como una recomposición salarial progresiva.