Legisladores de la oposición presentaron un pedido de informes para que el Gobierno de Río Negro brinde respuestas sobre el estado de los comedores escolares, con especial énfasis en la calidad de los alimentos que se entregan a niñas, niños y adolescentes en las instituciones educativas. La solicitud se formalizó luego de que se conociera públicamente la denuncia del presidente del Centro de Estudiantes del CET N°3 de General Roca, quien expuso el caso de provisión de “manzanas podridas” en escuelas.

El pedido fue impulsado por el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, y acompañado por sus pares Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao; junto a Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García, de PJ–NE, y Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza. La iniciativa exige información detallada sobre los tipos de alimentos distribuidos, los proveedores contratados, los controles de calidad realizados, la trazabilidad de la cadena de suministro y las inspecciones efectuadas durante el último año y medio. También solicita datos sobre el presupuesto ejecutado en 2025 para los programas alimentarios escolares.

Desde el bloque afirmaron que lo ocurrido no es un hecho aislado, sino parte de una problemática estructural en torno a la gestión de los comedores escolares. Berros sostuvo que “parece una remake del caso Flavors”,  y cuestionó lo que considera una falta de transparencia y control en el sistema. “El gobierno debe responder con eficacia, no con citaciones a estudiantes que ejercen su derecho a expresarse”, señaló.

La denuncia del estudiante motivó la apertura de un sumario administrativo por parte del Ministerio de Educación. Sin embargo, legisladores opositores critican que la respuesta oficial se haya centrado en investigar al denunciante y no en resolver con urgencia la situación denunciada. Según expresaron, esta actitud refleja un patrón de silenciamiento de las voces críticas dentro del sistema educativo.

Además del detalle sobre los alimentos y su distribución, el pedido de informes solicita que se indique si hubo sanciones a proveedores por incumplimientos, cuáles fueron los reclamos recibidos por parte de las comunidades educativas, y qué medidas adoptó el Ministerio en cada caso. También se requiere información sobre el seguimiento nutricional de los menús y los criterios técnicos aplicados en su elaboración.

Para los firmantes, esta acción parlamentaria constituye una respuesta institucional ante las reiteradas quejas que surgen desde distintos puntos de la provincia. Consideran que la precariedad en las condiciones de infraestructura escolar y la deficiente calidad alimentaria no pueden continuar siendo temas ignorados. “Las escuelas están en crisis, y los comedores no pueden seguir siendo una postal del abandono”, concluyó Berros, subrayando que el derecho a una alimentación adecuada en el ámbito escolar debe ser garantizado con prioridad y sin dilaciones.