“¿A usted le parece, gobernador Weretilneck, que un estudiante haga una denuncia y, en lugar de apartar a los funcionarios responsables, lo citen como si fuera un delincuente? ¡Es un pibe, che!” Con esta frase, el presidente del bloque Vamos con Todos, José Luis Berros, apuntó directamente contra el accionar del gobierno provincial tras conocerse que un estudiante del CET N° 3 de General Roca fue citado a declarar por su participación en una denuncia pública sobre las condiciones de su escuela.

Berros calificó la medida como “una clara maniobra para intimidar y disciplinar a quienes alzan la voz”, al considerar que la respuesta del Ejecutivo ante el reclamo del joven fue centrarse en investigar al denunciante en lugar de resolver las falencias estructurales y de asistencia alimentaria señaladas. El legislador expresó su repudio y pidió la inmediata rectificación de la postura oficial.

La denuncia estudiantil, realizada por el presidente del Centro de Estudiantes del CET N° 3, había sido expuesta durante una sesión del Concejo Deliberante de General Roca. Allí, el joven describió el mal estado del edificio escolar, la falta de insumos esenciales y la entrega de alimentos en mal estado en los comedores. Lejos de activar mecanismos de control sobre estas condiciones, desde el gobierno se impulsó su citación para declarar.

Berros, que ya había advertido públicamente sobre el deterioro de la infraestructura educativa en la provincia, cuestionó que la gestión de Alberto Weretilneck ponga el foco sobre los estudiantes en lugar de asumir las responsabilidades que le competen. “Esta gestión muestra una profunda desconexión con la realidad que viven miles de estudiantes, docentes y trabajadores. El problema no es la denuncia: el problema es el abandono”, remarcó.

Desde su espacio político, el legislador instó a las autoridades a garantizar el derecho a la expresión y al reclamo de las juventudes. “La voz de los pibes y pibas no puede ser callada con amenazas ni citaciones. El derecho a expresarse y denunciar situaciones injustas debe ser garantizado, no perseguido”, sostuvo.

La decisión del Ejecutivo provincial de avanzar con la citación generó reacciones entre distintos sectores de la comunidad educativa, que advierten sobre el riesgo de que se inhiba la participación activa de los y las estudiantes en los espacios de representación. En ese contexto, legisladores y actores sociales insisten en que el foco debe estar puesto en mejorar las condiciones de enseñanza y garantizar la dignidad en el ámbito escolar.