Se realizó este lunes una nueva audiencia por la ocupación de tierras en el primer kilómetro de la ruta provincial 1 y tras el pedido fiscal, se dispuso el desalojo de las 3 personas imputadas, en un plazo de 72 horas a partir de la firmeza de la resolución cautelar.

El juez de la audiencia fue Adrián Dvorzak, la fiscal Paula Rodríguez Frandsen, el abogado defensor Diego Sacchetti y el representante de la querella. Además, estuvieron presentes Mario Sánchez y Andrés Fredes, en representación de las áreas sociales del Municipio y de la Provincia, respectivamente.

El juez consultó si habían avanzado en algún acuerdo con los organismos proteccionales, ya que previamente, se había establecido un plazo para buscar una solución alternativa y al ser negativa la respuesta, la fiscal solicitó el desalojo.

El abogado defensor dijo que en la toma había muchas más personas. Que las tres personas no tenían un grado de representación con las demás. Relató que se había comunicado con Mario Sánchez, titular del área social del Municipio, que le relató las políticas de acceso a la tierra por parte de la comuna.

Afirmó que se oponía al desalojo y dijo que se trataba de una problemática social: “Es imposible referirse al tema sin considerar que debe resolverlo el Estado. La legalidad es mucho más amplia que el código de procedimientos penales. Existen pujas de derechos y conflictos de derechos”, expresó.

También afirmó que los propietarios tienen la tierra desde el año 1984 y no hicieron ningún aprovechamiento. “Esta puja de derechos ha sido resuelto en el ámbito internacional, donde se ha planteado la ilegalidad de los desalojos forzosos”, dijo y añadió que “el Estado no puede desentenderse”.

Por su parte, la fiscal dijo que correspondía el desalojo. Argumentó que las tres personas “están ocupando, aunque haya más”. Dijo que para tomar esta medida cautelar se cumplían todos los recaudos establecidos en la ley. “Hay un riesgo inminente que se siga avanzando, que estén ahí ayuda a que se sumen más personas”, aseguró.

Recordó que hubo muchas medidas previas: mediaciones en Fiscalía, luego formulación de cargos, se les dio plazo, que posteriormente se amplió, y “no han cambiado su postura. Llevamos más de 3 meses en que las víctimas han sido desapoderadas. Este conflicto es social y lo debe solucionar el “Estado, pero no con bienes de particulares”.

A la hora de resolver, el juez dijo que debían tenerse en cuenta las leyes vigentes. “Tuvimos plazos suficientes, tuvimos plazos razonables, participó el Estado”, recordó. Aseguró que el artículo 118 del Código Procesal Penal de Río Negro habla del peligro de demora.

Aseguró que se realizaron distintas audiencias, se escuchó a las partes, se dio intervención al Estado, por lo que “no me queda otra que dictar el desalojo de los lotes”. Esa medida deberá ser ejecutada por el Ministerio Público Fiscal, con la intervención de las áreas sociales y la Senaf.

Indicó que el desalojo deberá incluir solo a las tres personas que les formularon cargos, independientemente que hubiera más en la toma. “Las demás tiene el mismo derecho a ser escuchadas y atravesar un proceso penal”, dijo.

Recordó que el desalojo no puede ser en condiciones climáticas adversas y debe evitarse la nocturnidad. Recomendó, asimismo evitar la utilización de la violencia. Finalmente, recordó que como toda medida puede ser apelada por las partes.