Un análisis integral de más de 35 causas registradas en
el Ministerio Público Fiscal de la Primera Circunscripción Judicial permitió
detectar los modos y la proveniencia de la mayoría de las causas de estafas
telefónicas que se produjeron durante este año. Las principales conclusiones,
que permitirán una investigación más ágil de las causas, se obtuvieron a través
de un exhaustivo trabajo realizado por la Oficina de Investigación en
Telecomunicaciones de la Procuración General.
Toda esta prueba obtenida será derivada a la provincia de
Córdoba, de donde provinieron la totalidad de dichas llamadas para que continúe
allí la investigación de los casos avanzando hacia la imputación de sus
autores.
Todas las comunicaciones se iniciaron con el argumento de
que lo que se le ofrecía a las víctimas era una ayuda para poder tramitar el
bono de 10.000 pesos que el Gobierno Nacional otorga a través del Anses. Dicha
medida, si bien existe, requirió de una inscripción previa en la página del
organismo y se encuentra dirigida a un sector de la sociedad explícitamente
determinado.
La OITel detectó en su análisis que todos los números
correspondían a diferentes titulares y tampoco coincidían las cuentas bancarias
de destino, aunque todas estaban registradas en entidades bancarias de Córdoba.
A partir de esa primera identificación se requerían de
forma inmediata medidas cautelares a la Magistratura logrando trabarse así más
de 25 embargos. Además se realizaron intervenciones telefónicas y se logró la
retrocesión de más de 320 mil pesos.
Otros de los datos obtenidos indica incluso, que la celda
telefónica en la que impacta el 70 por ciento de esas llamadas está ubicada en
el Km 14 de una ruta que vincula Córdoba capital con Alta Gracia; la única
cobertura que tiene ese zona corresponde al Complejo Penal de la localidad de
Bouwer. La extracción posterior del dinero y la transferencia a cuentas están
inscriptas en bancos cordobeses.
El trabajo elaborado por el área permitió reforzar el
compendio de prueba que será derivado al Ministerio Público Fiscal de la
mencionada provincia para que se continúe allí con las investigaciones. Se
cuenta entre dicho sustento, con la determinación de las líneas telefónicas y
titularidad de las mismas, IMEI, historial de llamadas e impacto de tarjetas
SIM, celdas y antenas.
Junto con la Fiscalía trabajó además el Cuerpo de
Investigación Judicial de la Policía de Río Negro que entrevistó a las víctimas
en profundidad para conocer la forma de actuar de quienes llamaban. Este
organismo realizó más de 100 horas de escuchas a líneas telefónicas
intervenidas, incluso a partir del cotejo del contenido y entrecruzamiento de
las mismas se logró identificar a tres presuntos auotres, todos privados de su
libertad y cumpliendo tal restricción en el Complejo Penal de Bouwer.
El Ministerio Público Fiscal rionegrino ya adelantó a la
Fiscalía de casos complejos de Córdoba, en la que se tramitan 150 causas
similares, que se le enviará todo este compendio probatorio para continuar la
tramitación de los casos allí donde se originaron, distante 1200 km de esta
ciudad.
19 abril 2024
Judiciales