Río Negro busca avanzar en una legislación provincial específica para el abordaje penal juvenil, ante la inminente aplicación de la Ley Nacional de Responsabilidad Penal Adolescente. El objetivo es que la provincia cuente con un marco propio, elaborado a partir de su realidad y con la participación de organismos e instituciones vinculados al trabajo con las adolescencias.

En ese marco, el Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Río Negro (CONIAR) volvió a reunirse para poner en común los aportes realizados por las organizaciones e instituciones que lo integran y avanzar en el pedido de tratamiento del proyecto provincial de Procedimiento Penal Juvenil.

La iniciativa fue presentada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en 2018 y actualmente permanece en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Legislatura. El planteo del CONIAR es que el proyecto pueda retomar su recorrido parlamentario a partir del trabajo realizado durante las distintas instancias de intercambio.

Durante la reunión se analizaron las observaciones y propuestas elaboradas por las organizaciones e instituciones después del encuentro anterior, cuando se había abordado el contenido de la iniciativa y se había abierto una instancia de discusión interinstitucional.

La presidenta interina del CONIAR, la legisladora Maricel Cévoli, sostuvo que la provincia atraviesa un escenario que requiere contar con una normativa propia y construida con participación de los sectores que trabajan con adolescentes.

Cévoli destacó que el proceso permitió incorporar distintas miradas y aportes destinados a enriquecer el proyecto presentado por el máximo tribunal provincial. La intención es que esas contribuciones formen parte del debate legislativo antes de que la iniciativa avance hacia nuevas etapas.

El proyecto de Procedimiento Penal Juvenil mantiene estado parlamentario desde 2018 y propone establecer un marco específico para el abordaje de adolescentes que se encuentren en conflicto con la ley penal. La discusión adquiere relevancia ante la inminente aplicación de la normativa nacional de Responsabilidad Penal Adolescente, que plantea la necesidad de adecuar los mecanismos provinciales para el abordaje de estas situaciones.

A partir de los consensos alcanzados durante el trabajo realizado en el ámbito del CONIAR, el organismo avanzará con el pedido para que la iniciativa sea tratada en la Comisión de Asuntos Constitucionales y pueda continuar su recorrido dentro de la Legislatura.

Cévoli planteó además que la política destinada a las adolescencias debe incorporar herramientas de prevención y acompañamiento, antes de llegar a una respuesta centrada exclusivamente en la punibilidad.

En ese sentido, remarcó la necesidad de contar con una legislación que permita una intervención integral y con los derechos de las adolescencias como eje, en lugar de limitar la respuesta estatal a las situaciones que ya derivaron en conflictos con la ley penal.