La prisión preventiva de la mujer imputada por el homicidio de su tío, ocurrido tras el incendio de la vivienda donde la víctima se encontraba en una situación de vulnerabilidad, fue prorrogada por 30 días. La decisión judicial busca garantizar el avance de las medidas de prueba que aún permanecen pendientes en la investigación.

Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por Mariana Giammona, sostuvo que continúan vigentes los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, además de exponer nuevos elementos incorporados desde la formulación de cargos realizada el pasado 28 de junio. El juez de Garantías Guillermo González Sacco hizo lugar al pedido, aunque limitó la extensión de la medida cautelar a un mes.

Entre las evidencias presentadas figura un informe elaborado por un perito de la Oficina de Investigaciones de Siniestros Ígneos de Bariloche. De acuerdo con ese trabajo, el incendio no se habría originado por fallas en las instalaciones de electricidad o gas. El especialista determinó que el foco principal del fuego estuvo en el sector de los pies de la cama donde se encontraba la víctima y señaló que las características del siniestro son compatibles con un origen distinto a una contingencia accidental.

La acusación también informó que durante la inspección fue detectada una mancha tornasolada compatible con residuos aceitosos o hidrocarburos. No obstante, aclaró que todavía resta conocer el resultado del análisis de laboratorio que permitirá establecer la composición de esa sustancia. A ello se suman otras pruebas que aún esperan resultados, como el peritaje de los teléfonos secuestrados.

La investigación incorpora además imágenes de cámaras de seguridad, registros de llamadas al 911, testimonios de vecinas y vecinos, personas que brindaban cuidados domiciliarios y referentes que aportaron información sobre la situación de vulnerabilidad de la víctima. Esa información fue complementada con la historia clínica del Hospital Zatti.

La fiscal también informó que continúan otras diligencias, entre ellas la intervención de la Unidad Operativa y la realización de una reconstrucción virtual de los hechos. Asimismo, recordó que existían medidas de prohibición de acercamiento y contacto dispuestas por un Juzgado de Familia, las cuales —según expuso— habían sido incumplidas por la imputada y fueron consideradas al evaluar los riesgos procesales.

Por su parte, la Defensa Oficial, a cargo de María Paz Álvarez, se opuso a la continuidad de la prisión preventiva. La defensora sostuvo que no se acreditaron riesgos procesales suficientes para mantener el encierro cautelar, cuestionó el carácter preliminar del informe pericial sobre el incendio y planteó como hipótesis alternativa la posible incidencia de velas que había en el interior de la vivienda. También propuso reemplazar la prisión preventiva por medidas menos gravosas, entre ellas el monitoreo electrónico y restricciones de acercamiento y contacto, alternativas que finalmente fueron rechazadas por el magistrado.