Un acuerdo firmado en reserva, homologado durante la feria judicial y vinculado al acceso al Lago Escondido quedó ahora bajo cuestionamiento político en Río Negro. La legisladora provincial Magdalena Odarda presentó una denuncia ante la Fiscalía de Estado para que se investigue el convenio celebrado entre el Ministerio del Interior de la Nación y la empresa Hidden Lake S.A., ligada al empresario británico Joseph Lewis.

La dirigente del bloque Vamos con Todos apuntó directamente contra el fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan, luego de que asegurara públicamente que tomó conocimiento del acuerdo “por el diario”. Para Odarda, esa explicación resulta incompatible con la participación que habrían tenido distintos organismos provinciales en el proceso administrativo y técnico que terminó derivando en la conciliación.

“El Fiscal de Estado no podía no saber de este acuerdo secreto con Lewis”, sostuvo la legisladora. Según afirmó, existen antecedentes y documentación oficial que demostrarían la intervención de áreas provinciales en una negociación que involucró temas sensibles para Río Negro, como tierras en zona de frontera, recursos naturales y el acceso público al lago.

La denuncia presentada solicita avanzar en la declaración de nulidad tanto del acuerdo como de la sentencia judicial que lo homologó. Odarda cuestionó además que todo el procedimiento se haya desarrollado bajo reserva, limitando el acceso público a una causa que consideró de “enorme relevancia institucional”.

En ese marco, recordó que la Fiscalía de Estado tiene entre sus funciones centrales controlar la legalidad de los actos estatales y defender el patrimonio provincial. “No estamos hablando de un trámite menor”, planteó la legisladora al advertir sobre el alcance de las decisiones tomadas entre el Gobierno nacional y la firma vinculada a Lewis.

También cuestionó la falta de intervención visible del organismo provincial frente a un acuerdo que, indicó, compromete intereses colectivos de Río Negro. “La Fiscalía no puede mirar para otro lado mientras el Gobierno Nacional y Lewis hacen y deshacen acuerdos sin transparencia y sin control”, expresó.

Odarda sostuvo además que el rol de la Fiscalía debería ser el de garantizar que los actos del Estado respeten la legalidad vigente y resguardar los bienes públicos de la provincia. En ese sentido, advirtió sobre el riesgo de que el organismo “se convierta en un espectador silencioso” frente a negociaciones vinculadas con intereses estratégicos.

“La Fiscalía de Estado existe justamente para evitar abusos, proteger el patrimonio colectivo y controlar que las leyes se cumplan”, señaló la legisladora. Y concluyó con una nueva crítica al acuerdo: “No puede convertirse en un espectador silencioso mientras se negocian intereses públicos de Río Negro en beneficio de un empresario extranjero”.