Las llamadas realizadas desde números “privados”, “ocultos” o “desconocidos” quedaron en el centro de un nuevo proyecto legislativo que busca limitar ese tipo de comunicaciones ante el crecimiento de estafas telefónicas, situaciones de acoso y delitos vinculados al anonimato digital.

El bloque Coalición Cívica ARI - Cambiemos presentó la propuesta mediante un proyecto de comunicación dirigido al Gobierno Nacional y al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), con el objetivo de que se dispongan medidas para prohibir y bloquear las llamadas efectuadas bajo modalidades que impiden identificar al emisor tanto en telefonía fija como móvil.

La iniciativa plantea que el anonimato telefónico se convirtió en una herramienta utilizada para distintos delitos, entre ellos estafas, secuestros virtuales, extorsiones y situaciones de hostigamiento. Según argumentaron desde el bloque, ocultar la identidad del llamante reduce las posibilidades de rastreo y dificulta tanto las denuncias como las investigaciones judiciales posteriores.

El proyecto también incorpora situaciones vinculadas a violencia y medidas cautelares. En ese sentido, advierte que los números ocultos son utilizados en algunos casos para evadir prohibiciones de contacto o acercamiento, permitiendo que agresores puedan comunicarse sin dejar registros visibles para las víctimas.

Otro de los puntos centrales está relacionado con el crecimiento de las estafas conocidas como “vishing”, una modalidad de fraude telefónico en la que delincuentes se hacen pasar por representantes de bancos, organismos públicos o incluso familiares. Según señalaron los legisladores, las personas mayores suelen ser uno de los sectores más afectados por este tipo de engaños, donde el anonimato funciona como parte del mecanismo de presión y desorientación.

En paralelo, el proyecto propone crear un sistema de “Identidad Digital Verificada” para llamadas realizadas desde organismos públicos y entidades bancarias. La idea es que comunicaciones efectuadas por instituciones como ANSES o PAMI aparezcan identificadas automáticamente con el nombre oficial del organismo y una validación visual que permita distinguirlas de intentos de fraude.

La iniciativa contempla excepciones para áreas vinculadas a seguridad, salud y emergencias, donde podría mantenerse la reserva de identidad por razones operativas específicas. Sin embargo, establece que esos casos deberían estar debidamente justificados.

Los autores del proyecto sostuvieron además que el usuario tiene derecho a conocer quién intenta contactarlo antes de responder una llamada, especialmente frente al uso cada vez más frecuente de números ocultos para vulnerar bloqueos o insistir con comunicaciones no deseadas. También remarcaron que el anonimato telefónico puede facilitar situaciones de grooming y acoso contra niñas, niños y adolescentes.

Aunque reconocen que las provincias no tienen competencia directa sobre las telecomunicaciones, desde el bloque señalaron que la Legislatura puede expresar preocupación institucional frente a problemáticas que impactan en la seguridad cotidiana de la población. En los fundamentos, los legisladores compararon el sistema telefónico con otras plataformas digitales donde actualmente existen mecanismos obligatorios de validación de identidad para operar.