El uso de pistolas Taser en la Policía de Río Negro volvió a ingresar a la Legislatura. La legisladora Yolanda Mansilla (PRN) presentó un proyecto para incorporar armas no letales a las fuerzas provinciales, una propuesta que retoma una discusión que ya había llegado al parlamento rionegrino en 2024.

La iniciativa se transformó en el segundo proyecto presentado en la provincia para habilitar este tipo de dispositivos. El antecedente inmediato fue impulsado en abril del año 2024 por el bloque de Coalición Cívica ARI-Cambiemos, que propuso autorizar a la Policía a utilizar armas electrónicas no letales bajo condiciones similares a las previstas en la legislación nacional.

Según explicó Mansilla, la intención es dotar a la fuerza de una herramienta “intermedia” frente a situaciones en las que el uso del arma reglamentaria puede resultar excesivo. La legisladora sostuvo que las Taser y otros elementos no letales, como gas pimienta o balas de goma, podrían utilizarse en hechos de violencia, disturbios o intervenciones con personas atravesadas por crisis de salud mental.

“Hay situaciones donde sacar un arma de fuego puede ser excesivo para resolver el conflicto”, planteó la legisladora de Primero Río Negro. En ese sentido, mencionó casos en los que una persona representa un riesgo para sí o para terceros, pero donde la utilización de un arma de 9 milímetros podría derivar en consecuencias irreversibles.

Yolanda Mansilla señaló además que el proyecto prevé un esquema de capacitación obligatoria para el personal policial y la creación de un registro específico de quienes estén autorizados a utilizar estas armas. También indicó que cada intervención deberá quedar registrada en audio y video para permitir su control posterior y eventuales revisiones judiciales.

La legisladora vinculó la propuesta con recientes episodios relacionados con el manejo de armas de fuego en ámbitos estatales. Si bien evitó profundizar sobre el caso, aludió a la investigación por armas desaparecidas del Poder Judicial y sostuvo que las herramientas no letales podrían reducir la circulación y el uso de armamento tradicional.

El proyecto retoma varios puntos de la iniciativa presentada en 2024 por la CCARI-Cambiemos. Aquella propuesta establecía que las armas electrónicas sólo podían utilizarse cuando otros medios no violentos hubieran resultado ineficaces y en situaciones de peligro inminente, legítima defensa o prevención de delitos.

Además, el texto impulsado hace dos años indicaba que la utilización de las Taser debía quedar registrada a través de la memoria interna de los dispositivos para permitir un control administrativo posterior. También planteaba que sólo podrían portarlas agentes previamente instruidos y capacitados.

Mansilla adelantó que buscará discutir la iniciativa con el ministro de Seguridad y Justicia de Río Negro, Daniel Jara, con quien ya había conversado informalmente sobre la posibilidad de incorporar estas armas. Según relató, el funcionario le transmitió que la propuesta era “factible”, aunque advirtió sobre el costo que implican tanto la compra de los dispositivos como la formación del personal.

La presentación reabre una discusión que ya había generado posiciones divididas en la provincia. Mientras quienes impulsan las Taser las consideran una alternativa para reducir el uso de armas letales, sectores vinculados a los derechos humanos y a la salud mental han advertido en otras jurisdicciones sobre los riesgos de su utilización y la necesidad de controles estrictos.