La discusión en torno a la modificación de la Ley Nacional de Glaciares N.º 26.639 no terminó con la aprobación de la norma en al Congreso de la Nación. La legisladora provincial Magdalena Odarda anunció que acudirá al Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú para exponer su posición sobre el proceso llevado adelante en el país.

La presentación fue confirmada por la propia legisladora del bloque Vamos con Todos, quien planteó ante ese organismo internacional la situación generada tras los cambios introducidos en la normativa ambiental. El Acuerdo de Escazú, ratificado por Argentina, establece compromisos vinculados al acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y el acceso a la justicia en asuntos ambientales, mientras que el Comité tiene la función de supervisar su cumplimiento.

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En ese marco, Odarda sostuvo que la modificación de la ley se habría realizado sin instancias adecuadas de participación pública. Según expresó, el proceso “se dio sin instancias reales de participación, lo que contradice directamente lo que el propio Estado argentino se comprometió a garantizar”, en relación a los estándares establecidos por el acuerdo internacional.

La legisladora también cuestionó el mecanismo de audiencia pública implementado durante el tratamiento de la reforma, al señalar que “lo que se presentó como audiencia pública fue en realidad un simulacro, donde menos del 1% de las personas inscriptas pudo expresarse”. En esa línea, planteó que esa situación afectaría principios como la igualdad de condiciones y la transparencia en los procesos de debate ambiental.

Otro de los puntos señalados por Odarda refiere al impacto de los cambios normativos en la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, al advertir que se trataría de modificaciones que podrían comprometer reservas estratégicas de agua en distintas regiones del país.

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Asimismo, remarcó que la reforma se concretó sin un debate público amplio y en un contexto de preocupación social por las definiciones en materia ambiental. “Se avanzó sobre una norma clave sin debate público y en un contexto de fuerte preocupación social”, sostuvo la legisladora rionegrina.

Finalmente, Odarda afirmó que recurrirá a los mecanismos disponibles en el marco del Acuerdo de Escazú, al remarcar la vigencia del tratado y la obligación del Estado de cumplir con sus compromisos internacionales en materia de derechos ambientales y participación ciudadana.