El jefe de Gabinete del Ministerio de Capital Humano, Leandro Massaccesi, fue apartado de su cargo luego de que se conociera que accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación por más de $420 millones, en el marco de una controversia que involucra a funcionarios públicos beneficiados con líneas crediticias.

La decisión se tomó este viernes y fue impulsada directamente por la ministra Pettovello, quien le solicitó la renuncia en medio de la repercusión política y mediática que generó la difusión de un listado de beneficiarios. Fuentes oficiales señalaron que la medida buscó descomprimir la situación y evitar mayores cuestionamientos sobre el funcionamiento interno del área.

Massaccesi, quien había asumido en agosto de 2024 y formaba parte del entorno cercano de la ministra, figuraba entre quienes accedieron a los montos más elevados dentro del esquema de créditos otorgados por el Banco Nación. De acuerdo a los datos difundidos, el préstamo totalizó $420.693.000, con una fuerte concentración en esa entidad bancaria.

El detalle del financiamiento indica que $418.492.000 fueron otorgados por el Banco de la Nación Argentina, mientras que montos menores corresponden a otras entidades: $1.421.000 del Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y $780.000 del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

La situación de Massaccesi se inscribe en un escenario más amplio que involucra a funcionarios de distintos niveles del Estado que habrían accedido a créditos en condiciones favorables, lo que generó cuestionamientos sobre posibles privilegios en el acceso a financiamiento. En este contexto, su continuidad dentro del ministerio quedó comprometida tras la difusión de la información.

Desde el entorno de Pettovello indicaron que la decisión no implica necesariamente la detección de irregularidades en el otorgamiento del crédito, pero remarcaron que se adoptó como una medida preventiva ante el impacto público del caso. La salida se concretó en las últimas horas y se suma a otras decisiones similares dentro del ministerio frente a situaciones consideradas sensibles.

El episodio agrega presión sobre el Gobierno nacional en un contexto de atención pública sobre el uso de recursos y el acceso al crédito. Mientras tanto, el caso continúa generando repercusiones políticas y podría derivar en nuevas evaluaciones administrativas sobre los mecanismos de otorgamiento de estos préstamos.