La autorización de un permiso de cateo y exploración de oro y plata en una zona glaciaria de Río Negro, con utilización de cianuro y en un contexto de emergencia hídrica, generó cuestionamientos políticos y reavivó el debate sobre los controles ambientales en la provincia.
El planteo fue realizado por la legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, quien pidió la renuncia del titular de la Secretaría de Minería, Aberastain Oro. Según expuso, la habilitación de este tipo de actividades en el actual escenario hídrico “resulta inadmisible”, al considerar el impacto que pueden tener sobre las reservas de agua.
La normativa vigente establece restricciones claras en este tipo de territorios. La legisladora recordó que la provincia adhiere a la Ley Nacional de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que prohíbe actividades extractivas en áreas protegidas. En ese sentido, remarcó que no se trata de una zona cualquiera, sino de un espacio alcanzado por regulaciones específicas.
Otro de los puntos cuestionados está vinculado al uso de sustancias químicas. Odarda advirtió sobre los riesgos asociados al empleo de cianuro en procesos mineros, especialmente por su potencial impacto en fuentes de agua dulce. También hizo referencia al consumo intensivo de agua que demandan estos emprendimientos, en un contexto de escasez que afecta a distintas regiones de la provincia.
Además, la legisladora sostuvo que en el proceso de autorización no se habría aplicado la Ley Provincial N° 5755, que establece el mecanismo de consulta libre, previa e informada a comunidades indígenas. Según indicó, en el área involucrada existen comunidades asentadas, lo que obligaría a cumplir con ese procedimiento.
El área donde se otorgó el permiso presenta características ambientales sensibles. Allí nacen cuatro ríos relevantes —Chubut, Pichileufu, Villegas y Foyel— y se identifican geoformas glaciares protegidas, lo que incrementa la preocupación por posibles impactos sobre cuencas hídricas estratégicas.
En paralelo, Odarda vinculó la autorización con el contexto nacional, donde se mantiene abierto el debate legislativo sobre la normativa de glaciares. En ese marco, advirtió sobre la habilitación de proyectos en zonas inventariadas antes de que se definan eventuales modificaciones legales.
Finalmente, la legisladora pidió la revisión del permiso otorgado y reiteró su solicitud de renuncia al funcionario responsable, al considerar que las decisiones adoptadas requieren definiciones políticas en relación con la protección ambiental y el uso de los recursos naturales.
18 marzo 2026
Río Negro