La Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR–FESPROSA) solicitó a la Legislatura provincial que incorpore evaluaciones de impacto sanitario y ambiental independientes en el marco del proyecto Argentina LNG, al advertir sobre posibles consecuencias estructurales en el sistema de salud, el ambiente y el ordenamiento territorial.

A través de una nota dirigida a legisladores y legisladoras, la Comisión Directiva Provincial de ASSPUR analizó la iniciativa remitida al Parlamento y señaló que se trata de un emprendimiento de gran escala orientado a la producción, transporte, procesamiento y licuefacción de gas natural para exportación. La organización recordó que la ley provincial ya sancionada ratifica el Acta Acuerdo firmada entre la Provincia, YPF S.A. y Argentina LNG SAU, declara de interés público el proyecto y establece beneficios fiscales y territoriales para su implementación.

Según detallaron desde el sindicato, el proyecto, aprobado hoy por mayoría legislativa, prevé una capacidad inicial de doce millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL), con posibilidad de expansión, y la generación de hasta 30 mil empleos directos e indirectos. No obstante, advirtieron que la magnitud de la iniciativa exige una evaluación integral que contemple efectos en salud pública, ambiente, soberanía sobre bienes comunes y sustentabilidad fiscal y social.

En materia sanitaria, ASSPUR sostuvo que la operación de plantas de licuefacción, ductos y terminales portuarias puede implicar emisiones de metano, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles y material particulado. Indicaron que, según evidencia epidemiológica internacional, estos contaminantes se asocian con enfermedades respiratorias crónicas, exacerbación de asma, eventos cardiovasculares y aumento de consultas en guardias y atención primaria. En ese sentido, señalaron que el proyecto no contempla una evaluación de impacto sanitario previa, ni un plan de vigilancia epidemiológica ni refuerzo presupuestario específico para el sistema de salud local.

El gremio también mencionó riesgos industriales vinculados a la manipulación de gas natural licuado, al tratarse de un producto altamente inflamable. En la nota plantearon la necesidad de contar con planes de contingencia detallados, protocolos interinstitucionales y fortalecimiento hospitalario específico ante eventuales emergencias.

En el plano social, ASSPUR advirtió que desarrollos extractivos de gran escala suelen generar migración acelerada, incremento del costo de vida y mayor presión sobre hospitales y servicios sociales. En el aspecto ambiental, señalaron que las obras proyectadas —como terminales portuarias, dragados y tránsito de buques metaneros— podrían impactar en la biodiversidad marina, la dinámica costera y actividades como la pesca y el turismo en la costa atlántica rionegrina.

Asimismo, hicieron referencia al ordenamiento territorial y a la eventual desafectación o cesión de tierras de dominio público, y pidieron evaluar el acceso ciudadano a la costa y el carácter estratégico de los bienes involucrados. En el plano económico, reconocieron que el proyecto prevé inversiones y generación de empleo, pero señalaron que los beneficios directos se concentrarían en empresas operadoras y la cadena exportadora, mientras que la estabilidad normativa y beneficios fiscales podrían generar asimetrías si no existen controles adecuados.

Por todo lo expuesto, la Comisión Directiva Provincial de ASSPUR exigió que se incorporen de manera obligatoria una evaluación de impacto ambiental independiente y pública, una evaluación de impacto sanitario vinculante, la creación de fondos específicos para fortalecer el sistema de salud y para remediación ambiental, mecanismos de consulta ciudadana vinculante, cláusulas de revisión periódica y la publicidad completa de contratos y anexos.

Finalmente, el gremio sostuvo que el proyecto Argentina LNG representa una decisión estructural para Río Negro y que la Legislatura tiene la responsabilidad de garantizar que sus efectos se traduzcan en beneficios sostenibles para la población, con resguardo de la salud colectiva, el ambiente y los bienes públicos.