En los últimos días empezó a circular información que generó dudas en buena parte de la población: ¿hay que cambiar el DNI porque sale uno nuevo? La respuesta es clara: no existe ninguna obligación general de renovar el Documento Nacional de Identidad y los DNI actuales siguen siendo válidos en todo el país.

El Gobierno nacional, a través del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), puso en marcha de manera progresiva un nuevo formato de DNI. Se trata de una actualización tecnológica y de seguridad, pero no implica que todas las personas deban realizar el trámite de forma inmediata ni automática.

Desde el organismo nacional explicaron que los documentos que están en buen estado y dentro del período de validez continúan vigentes sin ningún tipo de inconveniente. Tener un DNI “viejo” no invalida su uso ni obliga a renovarlo, ya que ambos formatos convivirán durante el proceso de implementación.

La renovación del DNI sigue siendo obligatoria solo en los casos ya previstos por la normativa vigente. Esto incluye la actualización de niños y niñas entre los 5 y 8 años, la actualización obligatoria a los 14 años, la renovación por vencimiento —el documento tiene una validez de 15 años— y las situaciones de pérdida, robo, deterioro o cambios en los datos personales.

Otro punto central es que no hay plazos masivos ni fechas límite fijadas para toda la ciudadanía. Hasta el momento, no existe ninguna disposición que ordene un recambio general del DNI. Cualquier modificación de alcance nacional será comunicada por los canales oficiales correspondientes.

En Río Negro, los trámites continúan desarrollándose con normalidad. Desde el Ministerio de Gobierno y Comunidad informaron que los registros civiles y puntos habilitados siguen trabajando bajo los procedimientos habituales, sin cambios en los requisitos ni en la modalidad de atención.

Ante la circulación de versiones imprecisas, las autoridades insistieron en la importancia de informarse a través de fuentes oficiales y medios confiables, especialmente cuando se trata de trámites vinculados a derechos fundamentales de la ciudadanía.