La legisladora Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, manifestó su rechazo al proyecto de Régimen Penal Juvenil que propone bajar la edad de imputabilidad y que se encuentra próximo a tratamiento legislativo. La iniciativa es impulsada por el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

Odarda expresó su oposición a la modificación del régimen vigente y sostuvo que la propuesta implica un cambio en el abordaje de la conflictividad juvenil, con eje en el sistema penal. En ese marco, advirtió que el debate debe contemplar los estándares internacionales en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular la Convención sobre los Derechos del Niño, que cuenta con jerarquía constitucional en Argentina.

La legisladora informó que adhiere a las posturas expresadas por organizaciones sociales y de derechos humanos de San Carlos de Bariloche y de la provincia de Río Negro, por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), por integrantes de la magistratura del fuero penal juvenil y por la Iglesia Católica. Según indicó, estos sectores consideran que un enfoque centrado en el castigo vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino.

En sus declaraciones, Odarda señaló que el sistema penitenciario argentino no ofrece garantías suficientes para la integridad de personas menores de edad y planteó que la implementación del nuevo régimen trasladaría responsabilidades a las provincias, muchas de las cuales enfrentan limitaciones presupuestarias. También afirmó que las políticas públicas destinadas a adolescentes en conflicto con la ley deben priorizar la prevención, la inclusión social y la restitución de derechos.

Asimismo, la legisladora sostuvo que en la provincia de Río Negro no se registran casos de delitos graves cometidos por menores de edad. Indicó que, en diversas investigaciones judiciales, surge la participación de personas adultas en la incorporación de adolescentes a redes de narcomenudeo y otras actividades ilícitas, lo que —según planteó— requiere un análisis estructural.

Por último, Odarda mencionó la carta enviada al presidente por el juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil, Rodrigo Morabito, quien expuso que en muchos casos el primer contacto del Estado con adolescentes en situación de vulnerabilidad se produce a través del sistema penal. En esa línea, señaló que el derecho penal no sustituye las políticas públicas de protección integral ni resuelve problemáticas vinculadas a contextos de violencia y exclusión social.