Un proyecto de ley presentado en la Legislatura de Río Negro plantea una actualización integral del marco normativo que regula los derechos y garantías de las personas mayores en la provincia, con el objetivo de adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos y a la legislación nacional vigente.

La iniciativa fue impulsada por el legislador provincial Luciano Delgado Sempé y propone abrogar la Ley D Nº 5071 para reemplazarla por una nueva norma con enfoque de derechos. De acuerdo a lo expresado en el proyecto, la propuesta se alinea con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y con las Leyes Nacionales Nº 27.360 y 27.700, un reclamo que también ha sido sostenido por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).

Desde los fundamentos de la iniciativa se señala que el contexto social, cultural y normativo ha cambiado de manera significativa en los últimos años, lo que vuelve necesario reconocer a las personas mayores como sujetos plenos de derechos, con autonomía, participación activa en la vida social y acceso efectivo a la justicia, dejando atrás enfoques de carácter asistencial o tutelar.

El proyecto también da cuenta del crecimiento sostenido de la población adulta mayor en la provincia y advierte sobre situaciones de vulnerabilidad vinculadas a factores económicos y sociales, como la pérdida del poder adquisitivo, las dificultades de acceso a medicamentos y la insuficiencia de políticas públicas específicas, en un contexto nacional marcado por restricciones económicas.

Entre los principales ejes que incorpora la propuesta se incluyen el derecho a una vida digna, activa y saludable, la igualdad y la no discriminación por motivos de edad, el acceso universal a la salud y a medicamentos esenciales, y la protección frente a situaciones de violencia, abandono o maltrato. Asimismo, se promueve la participación comunitaria, educativa, cultural y política de las personas mayores, junto con la garantía de seguridad económica y la defensa del poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones.

La iniciativa contempla además la creación del Consejo Provincial de Personas Mayores, con participación del Estado, organismos nacionales y centros de jubilados de todos los circuitos electorales de la provincia. A esto se suma la conformación de un Observatorio Provincial, destinado a producir información, evaluar políticas públicas y monitorear el cumplimiento de los derechos reconocidos en la ley.

El texto legislativo incorpora también un régimen de sanciones ante posibles incumplimientos por parte de funcionarios, instituciones o prestadores de servicios, y prevé la creación de un Fondo Provincial para los Derechos de las Personas Mayores, con financiamiento específico, ejecución prioritaria y mecanismos de rendición pública de cuentas.

El proyecto quedó formalmente ingresado para su tratamiento en la Legislatura provincial y deberá ser analizado en las comisiones correspondientes, donde se definirá su eventual avance en el proceso parlamentario.