El bloque CC ARI Cambiemos presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley que propone reforzar el cumplimiento del Calendario de Vacunación Obligatoria en niños y niñas, con el objetivo de garantizar el derecho a la salud y prevenir el resurgimiento de enfermedades inmunoprevenibles.

La iniciativa se fundamenta en el marco normativo vigente que establece a la vacunación como un bien social, obligatorio, gratuito y prioritario para la salud pública. En ese sentido, se apoya en la Ley Nacional N° 27.491, sancionada en 2018 y reglamentada en 2023, que regula las políticas de inmunización en todo el territorio argentino.

Desde el bloque impulsor se advierte sobre una disminución en los niveles de vacunación infantil registrada en distintas localidades de la provincia. Según los datos citados en el proyecto, durante 2024 el cumplimiento del calendario obligatorio descendió en algunos casos al 80%, por debajo del 95% recomendado para garantizar la inmunidad comunitaria, especialmente en niños y niñas en edad de ingreso escolar.

El proyecto retoma antecedentes judiciales y normativos vinculados a la obligatoriedad de la vacunación. Entre ellos, se menciona un fallo del Juzgado de Familia de General Roca dictado en 2024, que ordenó la vacunación obligatoria de un recién nacido al priorizar el interés superior del niño y la salud pública. También se citan experiencias legislativas similares desarrolladas en las provincias de Mendoza y Córdoba.

La propuesta establece que cualquier agente público provincial que tome conocimiento fehaciente de la falta de vacunación obligatoria deberá informar la situación al Ministerio de Salud. A partir de esa notificación, la autoridad sanitaria deberá implementar acciones para revertir el incumplimiento y, de persistir la negativa de las personas responsables, dar intervención a la Defensoría de Menores y al Juzgado de Familia correspondiente.

Asimismo, el texto prevé la aplicación de sanciones económicas a madres, padres, tutores o responsables que incumplan con la vacunación obligatoria. Las multas no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil y podrán duplicarse en caso de reincidencia. En situaciones de insolvencia, se contempla la posibilidad de realizar tareas comunitarias en el ámbito de la salud pública.

La iniciativa fue presentada por el legislador Javier Acevedo y será analizada en el ámbito parlamentario, donde se evaluará su alcance y viabilidad dentro de las políticas sanitarias provinciales orientadas a la protección de la salud infantil y colectiva.