El ex titular de la Secretaría de Cultura de Río Negro, Ariel Ávalos, fue condenado por la Justicia a devolver más de 8 millones de pesos al Estado provincial, luego de comprobarse irregularidades en la rendición de fondos públicos. La información fue confirmada por el Auditor General de la provincia, Mariano Gestoso, en una entrevista difundida por el sitio Medios del Aire.

Según explicó Gestoso, el capital inicial observado por el organismo de control ascendía a 1.120.000 pesos, pero el monto se incrementó significativamente como consecuencia de la actualización por intereses acumulados durante el transcurso del proceso administrativo y judicial. Al momento de dictarse el fallo firme, la cifra alcanzó los 8.120.000 pesos.

El auditor precisó que el exfuncionario, nunca compareció en el expediente ni presentó documentación que permitiera justificar los gastos observados, vinculados a la realización de eventos y servicios de iluminación. Tampoco respondió a los requerimientos formales ni subsanó los reparos formulados por el organismo de control.

Ante esta situación, Gestoso indicó que la Secretaría de Estado correspondiente avanzará con un juicio de apremio para ejecutar la deuda, con el objetivo de trabar embargos y recuperar los fondos para las arcas públicas. “Nunca se presentó al expediente ni contestó el reparo”, señaló el Auditor General en declaraciones publicadas por Medios del Aire.

Asimismo, el titular del órgano de control provincial informó que existen otros expedientes abiertos vinculados a la misma gestión de la Secretaría de Cultura durante la administración anterior. En ese marco, explicó que el tribunal suele contemplar ciertos márgenes de flexibilidad ante situaciones de informalidad administrativa, pero advirtió que la ausencia total de documentación respaldatoria obliga a avanzar hasta las instancias judiciales finales.

El caso se inscribe en una serie de actuaciones impulsadas por la Auditoría General de Río Negro para revisar el uso de fondos públicos y exigir la rendición correspondiente cuando se detectan irregularidades, en el marco de sus funciones de control y fiscalización.