La Legislatura de Río Negro definió los lineamientos de un acuerdo de cooperación con la Universidad de Buenos Aires (UBA) para incorporar herramientas de inteligencia artificial (IA) en los procesos legislativos provinciales. La iniciativa, impulsada por el vicegobernador Pedro Pesatti, busca modernizar el trabajo parlamentario y establecer criterios claros para el uso responsable de estas tecnologías.

El encuentro principal se realizó junto al director del Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA (IALAB), Juan Corbalán. Allí se acordó una agenda de trabajo orientada a incorporar sistemas de IA en etapas de análisis normativo, mejorar capacidades técnicas y fortalecer la institucionalidad legislativa mediante desarrollos basados en buenas prácticas jurídicas, éticas y tecnológicas.

En el marco de esta articulación, Pesatti mantuvo también una reunión con el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, con quien repasó el alcance del convenio y los mecanismos de cooperación entre la universidad y la Legislatura rionegrina. Ambas instancias apuntan a ordenar un proceso de incorporación de IA que contemple estándares de transparencia y resguardo institucional.

Según se informó, el acuerdo prevé el trabajo conjunto con el IALAB, espacio que cuenta con más de dos décadas de trayectoria en investigación jurídica y tecnológica. También se contempla la creación de un ámbito de articulación al que se invitará a participar a la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y la empresa INVAP, con el fin de integrar capacidades académicas y científicas presentes en la provincia.

El Vicegobernador sostuvo que la incorporación de IA requiere marcos normativos claros y una perspectiva humanista que garantice un uso responsable de la tecnología. Planteó que el objetivo es fortalecer la calidad institucional, mejorar la transparencia en los procesos y orientar el desarrollo tecnológico hacia el interés general.

El Laboratorio de Inteligencia Artificial de la Facultad de Derecho de la UBA, primer espacio de estas características en una facultad de derecho de Iberoamérica, combina investigación aplicada, desarrollo tecnológico, capacitación y cooperación con organismos públicos y privados. Su trabajo aborda el impacto jurídico, ético y social de la inteligencia artificial —en especial la generativa— e impulsa programas de formación y proyectos con perspectiva social, lo que lo posiciona como un referente nacional en la intersección entre derecho, tecnología e innovación pública.