El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó un Pedido de Informe para que el Poder Ejecutivo detalle el estado de cumplimiento de las sentencias judiciales relacionadas con el pago de zona desfavorable. La solicitud alcanza a Fiscalía de Estado, al Ministerio de Economía y al Ministerio de Seguridad, y busca precisar cuántos fallos firmes fueron abonados durante 2025, cuántos continúan pendientes y cuál fue la ejecución presupuestaria destinada a estas obligaciones.

Delgado Sempé afirmó que si bien el Gobierno está avanzando en el pago de acuerdos alcanzados con trabajadores por este concepto, esa política no puede convertirse en argumento para postergar las sentencias judiciales. “Estamos viendo que el Gobierno paga acuerdos en cuotas, pero no cumple sentencias judiciales que ya tienen fallo firme. Esto genera un perjuicio económico directo para los policías damnificados que llevan años esperando, y también afecta al erario público, porque cada día de demora incrementa los intereses que la Provincia deberá pagar”, señaló.

El Pedido de Informe requiere información precisa sobre la cantidad de sentencias canceladas en lo que va del año, el monto total abonado, el detalle de cada expediente y el estado de las resoluciones aún pendientes. También solicita datos sobre eventuales modificaciones en las partidas presupuestarias vinculadas al pago de zona desfavorable y el porcentaje de ejecución del crédito vigente.

El legislador enfatizó que los fallos firmes representan obligaciones ineludibles para el Estado. “Las sentencias judiciales no pueden quedar relegadas detrás de los acuerdos. Ambas cosas deben pagarse, pero las sentencias firmes son obligaciones ineludibles del Estado”, sostuvo. En esa línea, remarcó que las demoras no solo vulneran derechos adquiridos, sino que además encarecen la deuda provincial: “Si seguimos dilatando, los rionegrinos pagaremos mucho más por intereses que por la deuda original”, advirtió.

Finalmente, Delgado Sempé reiteró la necesidad de que el Gobierno garantice transparencia y previsibilidad en el manejo de recursos públicos y remarcó que el respeto por las resoluciones judiciales constituye un principio básico de la administración pública: “Cumplir con las sentencias es cumplir con la ley”, concluyó.