El legislador provincial Luciano Delgado Sempé presentó un proyecto de ley que propone suspender todas las ejecuciones fiscales iniciadas por la Agencia de Recaudación Tributaria y la Fiscalía de Estado de Río Negro contra empresarios, pymes, cooperativas y productores hasta el 30 de abril de 2026, coincidiendo con el cierre de la cosecha provincial.

La iniciativa tiene como objetivo dar un respiro a los sectores productivos ante la difícil situación económica que atraviesa la provincia. Además, busca poner fin al negocio judicial que, según el legislador, se ha generado alrededor de los juicios fiscales.

“El Estado se convirtió en un cobrador judicial mientras los abogados de la Fiscalía de Estado hacen de las ejecuciones un negocio personal a través de los honorarios”, denunció Delgado Sempé.

El proyecto aclara que no se trata de una condonación de deudas, sino de congelar los procesos judiciales y evitar embargos o remates hasta que los sectores productivos logren recuperarse.

“En plena crisis, mientras las empresas intentan sostener el empleo y la producción, el Estado las asfixia con juicios y costas judiciales. No se puede seguir ejecutando a quienes generan trabajo. El Estado tiene que acompañar, no castigar”, sostuvo el legislador.

La propuesta también prohíbe el cobro de honorarios profesionales a los abogados de la Fiscalía de Estado durante el período de suspensión, y establece que antes de abril de 2026 el Poder Ejecutivo deberá presentar un plan de regularización impositiva gradual, adaptado a la realidad económica de cada sector.

“Las ejecuciones fiscales no pueden ser un negocio. Río Negro necesita cuidar a su gente, proteger a sus pymes y defender la producción. Este proyecto busca frenar el abuso y poner al Estado del lado de quienes trabajan”, concluyó Delgado Sempé.