La legisladora del bloque Vamos con Todos, Ayelén Spósito, presentó un proyecto de Comunicación para solicitar a la Defensoría del Pueblo de Río Negro que promueva una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal en defensa de las personas con discapacidad cuyas Pensiones No Contributivas (PNC) fueron suspendidas por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

La iniciativa surge ante el incremento de reclamos por interrupciones de las prestaciones, que —según expresó la legisladora— afectan a miles de beneficiarios en situación de vulnerabilidad social y económica. Desde el espacio de asesoramiento del bloque se habrían registrado múltiples casos en distintas localidades de la provincia.

Spósito argumentó que, si bien el organismo provincial tomó conocimiento de los reclamos y realizó gestiones administrativas, “es necesario avanzar en una instancia judicial que garantice la restitución de los beneficios y la tutela efectiva de los derechos de las personas con discapacidad”.

El pedido se fundamenta en antecedentes de otras provincias, como Tucumán y Catamarca, donde las Defensorías del Pueblo promovieron acciones judiciales contra la ANDIS. En ambos casos, la Justicia Federal resolvió a favor de los beneficiarios y ordenó la restitución de las pensiones suspendidas.

En Río Negro, la Justicia Federal de Viedma también dictó una resolución similar tras un amparo presentado por asociaciones civiles de Bariloche, con acompañamiento del bloque Vamos con Todos. El fallo dispuso la restitución inmediata de las pensiones afectadas, con un plazo de cumplimiento de cinco días y sanciones económicas en caso de demoras.

Spósito sostuvo que “la suspensión masiva de pensiones constituye una vulneración de derechos humanos” y que el Estado nacional debe garantizar el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, además del principio de no regresividad en materia de derechos sociales.

Finalmente, la legisladora expresó que el bloque continuará acompañando los reclamos y destacó la necesidad de articular esfuerzos institucionales para “defender de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad, que se ven afectadas por decisiones adoptadas a nivel nacional”.