La Democracia rehén de la narcopolítica

Opinión: Cristian Rodicio

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Por Cristian Rodicio*

La política argentina vuelve a quedar atrapada en un escándalo que expone un problema mucho más profundo: la peligrosa naturalización de prácticas que corrompen la confianza ciudadana hacia las instituciones del Estado. La reciente revelación sobre el dinero recibido por el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza, José Luis Espert, proveniente de un narcotraficante, junto con los vínculos de ese mismo financista con la candidata a senadora nacional por Río Negro, Lorena Villaverde, del mismo espacio político, no constituye un hecho aislado sino un nuevo capítulo de una trama repetida que, lejos de perder gravedad, se vuelve cada vez más alarmante.

Resulta verdaderamente preocupante que los candidatos finjan demencia y quieran desviar la atención diciendo que desconocen de donde provienen los fondos para sus campañas. Y digo más ¿Cómo puede sostenerse un sistema democrático si las campañas electorales se alimentan de dinero sucio? ¿Cómo esperar que los ciudadanos confíen en la palabra de un candidato cuando detrás aparece la sombra de intereses criminales?

El narcotráfico no es solo un problema policial. Es, cada vez más, un actor político y económico que busca legitimidad infiltrándose en los espacios de poder. En este caso, un sector que venía a romper con “la casta política” argentina, termina siendo un engranaje más de este negocio atroz que destruye la vida de nuestros pibes.

Frente a esto, la sociedad no puede seguir tolerando la resignación ni el cinismo. No alcanza con indignarse en redes sociales o repetir que “son todo lo mismo”. Es necesario exigir que la política recupere su sentido original: la representación del pueblo, el respeto por la división de poderes y la construcción de un horizonte común para salir de una buena vez de este panorama incierto y decadente.

Si permitimos que la política se ensucie al punto de volverse indistinguible de los negocios turbios, el costo lo pagamos todos. Lo pagamos en instituciones debilitadas, en la justicia condicionada, en la seguridad que hace aguas por todos lados, en la esperanza que aun sostenemos de lograr un país mejor.

La pregunta es inevitable, ¿Queremos un país donde los poderes del Estado ejerzan con la legitimidad y la fortaleza que les corresponde, o vamos a seguir tolerando que el narcotráfico y los negocios oscuros marquen el rumbo de nuestra democracia?. La respuesta no recae únicamente en la dirigencia política, sino también en la sociedad, en la capacidad de exigir transparencia y en la responsabilidad que asumimos cada vez que elegimos a nuestros representantes.

*Pte. de la Mesa de Viedma Partido del Trabajo y la Equidad (ParTE)

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