Los bloques legislativos de Fuerza Patria expresaron su repudio al rechazo del tratamiento sobre tablas de un proyecto presentado por la legisladora Ayelén Spósito, que cuestionaba el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, mediante el cual el Poder Ejecutivo Nacional autoriza el ingreso de tropas extranjeras, incluidas fuerzas militares estadounidenses, en bases navales del país.

El proyecto fue bloqueado por Juntos Somos Río Negro, en acuerdo con sus aliados del PRO y legisladores libertarios, impidiendo así que se habilitara el debate legislativo sobre el tema. La decisión fue interpretada por Fuerza Patria como una acción coordinada que evita posicionar institucionalmente a la Legislatura provincial frente a una medida de alto impacto en materia de soberanía nacional.

El texto impulsado por Spósito solicitaba el rechazo al decreto presidencial que autoriza ejercicios conjuntos con fuerzas extranjeras en territorio argentino. Desde el bloque señalaron que la negativa a tratar la iniciativa implica un gesto político que, según su interpretación, se inscribe en un proceso de alineamiento automático de parte de la dirigencia rionegrina con el gobierno nacional.

“Este DNU es inconstitucional y lesivo para la soberanía de la República. No se trata de un simple ejercicio militar, sino de una cesión de poder que abre la puerta a intereses extranjeros sobre nuestros recursos estratégicos”, sostuvo Spósito ante este medio. También señaló que el rechazo del tratamiento “busca silenciar a la Legislatura en una discusión que nos involucra a todas y todos los argentinos”.

Desde los bloques también se pronunciaron José Luis Berros, presidente de Vamos con Todos, y Ana Marks, de PJ Nuevo Encuentro, quienes integran el interbloque Fuerza Patria. Berros afirmó que la decisión de JSRN y sus aliados “fue darle la espalda a la defensa de la soberanía” y Marks consideró que el freno al tratamiento “impide al pueblo rionegrino expresarse institucionalmente sobre un hecho que excede lo administrativo y compromete el control democrático del uso del territorio nacional”.

El proyecto rechazado por la mayoría no cuestionaba los vínculos diplomáticos ni los ejercicios militares en sí, sino el mecanismo utilizado por el Poder Ejecutivo nacional para habilitarlos sin intervención del Congreso. En este sentido, Spósito remarcó que “la Argentina no puede aceptar mansamente que un decreto suplante al Congreso ni que se instalen fuerzas extranjeras en nuestro suelo sin autorización parlamentaria”.

Los bloques insistirán con la presentación del proyecto en futuras sesiones ordinarias. Sostienen que la Legislatura tiene el deber institucional de pronunciarse cuando se trata de decisiones que involucran directamente la soberanía nacional, especialmente si afectan recursos estratégicos o el uso de bases militares dentro del territorio argentino.

El decreto presidencial en cuestión habilita la presencia de fuerzas navales estadounidenses con inmunidad operativa, desplazamientos en convoy militar y cobertura de gastos por parte del Estado argentino, entre otros puntos. La oposición advierte que estas condiciones exceden el marco habitual de cooperación militar y debieron pasar por el Congreso Nacional, tal como lo establece el artículo 75, inciso 28 de la Constitución.