El bloque Vamos con Todos, junto a legisladores y legisladoras de la bancada PJ – Nuevo Encuentro, presentó un pedido de informes dirigido al Banco Nación, sucursal Cipolletti, para que se esclarezcan las condiciones en que se aprobó un crédito hipotecario por más de 225 millones de pesos a favor de la diputada nacional libertaria y candidata a senadora, Lorena Villaverde.

La iniciativa, encabezada por el presidente de bloque José Luis Berros, busca que la entidad bancaria detalle los requisitos cumplidos por la beneficiaria, los procedimientos administrativos que se aplicaron y la eventual existencia de irregularidades en la operatoria. El planteo también incluye conocer si se respetaron los protocolos internos, si hubo intervención de la casa central en Buenos Aires y si se aplicaron las normativas de prevención de lavado de activos.

“Queremos saber si hubo tráfico de influencias, quién dio la orden de aprobar este crédito y si efectivamente el Banco Nación se convirtió en una escribanía al servicio de Milei y Villaverde. La transparencia no es un slogan, es una obligación”, sostuvo Berros al fundamentar el pedido.

En declaraciones públicas, el legislador calificó la operatoria como “escandalosa, discrecional y sospechada de corrupción”. Además, recordó los antecedentes judiciales de la diputada libertaria: “Tiene denuncias por narcotráfico, lavado, estafas con terrenos, embargos millonarios y causas en Argentina y Estados Unidos. Y aun así el Banco Nación le abre la puerta para que se compre una mansión de casi 400 mil dólares. Es inadmisible”, señaló.

Berros agregó que la magnitud del crédito y su aprobación “muestran la peor cara del gobierno de Milei, que se autoproclama enemigo de la casta pero utiliza a la banca pública como caja chica de sus dirigentes”.

El pedido de informes fue acompañado por las y los legisladores Ayelén Spósito, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), junto a Daniel Belloso, Ana Marks y Leandro García (PJ – Nuevo Encuentro), quienes coincidieron en que “la Legislatura no puede mirar para otro lado cuando se utilizan recursos públicos en beneficio de una dirigente cuestionada y sospechada de múltiples delitos”.