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Un grupo de organizaciones civiles y ciudadanas afectadas presentaron una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Viedma con el objetivo de restituir las pensiones no contributivas por invalidez que fueron suspendidas en Río Negro. La medida busca frenar los efectos del Decreto 843/2024 y revertir las auditorías que dejaron a numerosas personas con discapacidad sin ingresos ni cobertura de salud.
La presentación fue realizada por las asociaciones Cre-Arte, El Brote y ACUFA Camino Abierto, junto a beneficiarias que vieron interrumpido el cobro de sus haberes. El recurso está dirigido contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a la que señalan por aplicar auditorías cuestionadas y notificar las suspensiones de manera irregular.
El escrito solicita que se declare la inconstitucionalidad del decreto y la nulidad de todas las auditorías realizadas bajo ese marco normativo. Los amparistas sostienen que se trata de medidas regresivas que vulneran derechos adquiridos y que afectan directamente a la seguridad social de un sector de la población en situación de especial protección.
En el acompañamiento al reclamo estuvieron presentes los legisladores del bloque Vamos con Todos, Magdalena Odarda y José Luis Berros. Odarda expresó que la suspensión de beneficios “sin notificación previa y sin garantizar el derecho a la defensa” representa un accionar que se repite en distintas provincias y que deja a miles de personas en estado de vulnerabilidad.
Por su parte, Berros, presidente del bloque legislativo, remarcó que continuarán apoyando a las y los afectados. Señaló que las pensiones no contributivas constituyen un derecho que el Estado debe garantizar, al estar vinculadas a la inclusión y la protección social.
El planteo judicial también destaca que estas pensiones poseen un carácter alimentario y que garantizan el acceso a tratamientos médicos, la dignidad y la vida misma de quienes las perciben. Además, recuerda que la Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, obligan al Estado a proteger estos beneficios.
6 diciembre 2025
Río Negro