La audiencia pública desarrollada este martes en San Antonio Este volvió a poner en el centro del debate el futuro del proyecto de instalación de barcos licuefactores en el Golfo San Matías. La exposición principal estuvo a cargo de María Lahaye, representante de la consultora que elaboró el estudio de impacto ambiental para el segundo buque, mientras que Cristian Fernández, de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FAR), planteó objeciones a la metodología y la legalidad del proceso.

Lahaye explicó que el informe presentado es el resultado de un trabajo interdisciplinario en el que participaron especialistas nacionales y locales, además de universidades como la de Mar del Plata. Señaló que se realizaron relevamientos batimétricos, estudios geotécnicos, perforaciones de suelo y monitoreos de corrientes, mareas y vientos durante 16 meses. “Cualquier persona puede revisar el estudio porque es un documento público. Hoy solo presentamos una síntesis de los principales resultados”, precisó.

La especialista detalló que el segundo buque, denominado MK II, se ubicará al norte del primero —el Hilli Episeyo—, a unos cuatro kilómetros de distancia, frente al área conocida como Fuerte Argentino. Explicó además que la conexión se hará mediante un nuevo gasoducto submarino enlazado al gasoducto terrestre ya instalado, y que se prevé una estructura de amarre que fijará la posición de la embarcación.

En contraste, Fernández cuestionó que los informes carezcan de un análisis integral de los impactos acumulativos. “Se repite como un mantra que se evaluaron, pero solo se comparan con el buque anterior. No se está considerando lo que significan las ampliaciones de infraestructura que este plan supone”, advirtió.

El representante de FAR afirmó que el propio estudio reconoce la necesidad de ampliar la planta compresora de gas, pero difiere su evaluación a futuras instancias. “Eso es ilegal. La Ley General del Ambiente establece que el análisis de riesgos ambientales debe darse de manera previa a cualquier aprobación. No podemos discutir parcialmente un proyecto de esta magnitud”, sostuvo.

De esta manera, la audiencia pública reflejó con claridad las tensiones en torno a la explotación hidrocarburífera en el golfo. Mientras la consultora resaltó el rigor de los estudios técnicos y ambientales realizados, las organizaciones socioambientales insistieron en la falta de una evaluación global de los riesgos que involucra la iniciativa.