Por Magdalena Odarda*

La otra historia del proceso de destrucción de la Ley de Fauna, la verdadera historia...

Horas después de la firma de la Disposición N° 381/25 por parte del Subsecretario de Ambiente de la Nación, Jorge BROM, mediante la cual se derogó la normativa histórica que desde 1986 prohibía la exportación, comercialización y traslado de ejemplares vivos de fauna silvestre, el gobierno de Río Negro tomó una decisión.

A contrarreloj, resolvió alinearse con la “línea” fijada por el gobierno nacional, tal como lo hizo con la adhesión al “RIGI”, cuando lamentablemente el gobernador de Río Negro fue el primero en cumplir los mandatos del presidente Milei, incluso antes que cualquier otra provincia.

Tras conocerse la nueva normativa nacional, se activó un operativo para desmantelar la protección de la fauna silvestre en Río Negro, cediendo a los intereses de grandes grupos económicos y de los propietarios de la floreciente industria de los “cotos de caza”, que ha crecido silenciosamente en el territorio provincial al amparo de la protección gubernamental.

Así, sin consulta previa a las organizaciones, el gobernador incorporó a último momento, tres días antes de la sesión, la reforma de la LEY DE FAUNA N° 2056. Alegó que, de pronto, era necesario “actualizar” una normativa que –si bien no era perfecta– durante 40 años tuvo como objetivo principal la preservación de la fauna silvestre. Lo más grave fue que el proyecto llegó con firma de ministros y se trató en “única vuelta”, lo que implica que se omitió el trámite reglamentario que hubiese permitido a la sociedad civil conocer y opinar sobre esta legislación.

En la reunión plenaria de comisiones, celebrada 48 horas antes de la sesión, el Subsecretario de Fauna, Tabaré Bassi, se presentó ante legisladoras y legisladores de todas las bancadas. En su exposición, sostuvo –para sorpresa de todos– que la reforma buscaba “actualizar la ley antigua” incorporando conceptos como bienestar animal, rechazo al trato cruel, sostenibilidad y sustentabilidad ambiental, entre otros. Sonaba demasiado bueno para ser cierto.

La primera pregunta que formulé fue la siguiente: Si la ley dice tener como objeto eliminar el trato cruel hacia los animales, ¿por qué no se incluyó expresamente la prohibición de la caza con perros, una práctica que destroza a ambos animales y genera violencia explícita con imágenes desgarradoras, fomentadas por el propio gobierno que la autoriza?

La segunda pregunta fue: ¿Por qué con la nueva ley se le quita protección al guanaco y al choique o ñandú, cuando desde el propio portal de noticias de la Secretaría de Ambiente se denuncia constantemente el decomiso de guanacos cazados ilegalmente, por tratarse de una “especie protegida”?

Continué preguntando: ¿Cuántos trabajadores integran el CUERPO DE GUARDAFAUNAS, que con la nueva ley se elimina, dejando a los trabajadores en absoluta incertidumbre respecto de sus fuentes de trabajo y del destino de la fauna que debían proteger? El funcionario no supo responder. Al día siguiente, mediante nota, indicó que eran 5 los guardafaunas, con 3 vehículos para proteger la fauna silvestre (terrestre y marina) en toda la provincia. Mintió. Según los propios guardafaunas, apenas quedan 3 trabajadores que sobreviven al ajuste.

El siguiente interrogante fue: ¿Cuál es la razón del cambio de paradigma, del “proteccionismo” de la fauna silvestre hacia su “mercantilización o privatización”? ¿Cuál es el control efectivo sobre lo que ocurre dentro de los 14 cotos de caza existentes? Está claro que en Río Negro hay más cotos de caza que trabajadores destinados a controlarlos. ¿Qué garantía tenemos los rionegrinos de que en esas trampas mortales –donde la crueldad animal alcanza su máxima expresión– no haya especies en peligro de extinción como el pudú o el huemul bajo la mira de algún rifle o carabina sofisticada?

Cuando finalmente se requirió una respuesta sobre por qué no se abrió el debate del nuevo proyecto a la participación ciudadana –pese al compromiso y la formación de organizaciones ambientalistas, proteccionistas, indígenas y de los propios guardafaunas afectados–, la respuesta de una legisladora que se mofaba de comer “milanesas de guanaco” y “choique” (ver versión taquigráfica de la sesión del 5 de julio de 2024), fue que “se consultó con quienes se tenía que consultar. Punto”.

Sin embargo, el funcionario admitió haber trabajado el texto con sectores ruralistas, que desde hace tiempo vienen promoviendo la idea del guanaco como “enemigo público”. Acusación desmentida por el CONICET, que ha señalado que la desertificación del suelo no es responsabilidad de esta especie autóctona de la Patagonia, sino del accionar humano. Y que tanto el guanaco como el ganado ovino pueden convivir perfectamente.

La ley, tal como fue redactada, se aprobó dos días después por mayoría, no por unanimidad. La normativa fue presentada por la maquinaria publicitaria oficial como un supuesto avance en materia de protección de la fauna silvestre, cuando en realidad encubre un giro hacia la lógica del mercado: los animales dejan de ser considerados como seres sintientes para transformarse en simples “recursos naturales” a explotar.

El nuevo texto no solo desmantela el cuerpo de guardafaunas y desarticula a jóvenes y profesionales que, ad honorem y sin presupuesto, han defendido con firmeza nuestra fauna silvestre, sino que también vulnera principios fundamentales como el de no regresividad ambiental consagrado en la Ley General del Ambiente, además de incumplir el Acuerdo de Escazú, al no garantizar la participación ciudadana en decisiones que hacen a la política ambiental de la provincia.

En conclusión, el actual gobierno de Río Negro acaba de derribar el último muro de protección de nuestra fauna autóctona. Lo que antes se consideraba “caza furtiva” dejará de serlo, en aras de blindar el negocio de unos pocos, en detrimento de la maravillosa biodiversidad rionegrina.

El artículo 41 de la Constitución Nacional establece que la preservación del ambiente es una obligación del Estado, pero también un deber de los habitantes de esta gran Nación.

En virtud de ese deber ciudadano, convoco a los rionegrinos y rionegrinas a denunciar cualquier daño a nuestra fauna silvestre como delitos ambientales ante los Tribunales rionegrinos, a defender el CUERPO DE GUARDAFAUNAS y a acompañar a los activistas ambientales, muchas veces amenazados y no siempre protegidos por el Estado.

Hace escasos días, la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, en su opinión consultiva OC-32/25, consideró a la NATURALEZA COMO SUJETO DE DERECHO.

A contramano de ese hito fundamental, en Río Negro, la fauna silvestre ha entrado en serio peligro de extinción.

Ahora, vienen por ellos. Ahora, ellos nos necesitan a nosotros.

*Legisladora Vamos con Todos
Movimiento RIO