Este miércoles se llevó a cabo la audiencia de cesura en el juicio por la tortura seguida de muerte de Jorge Gatica, ocurrida en la Comisaría 45 de Cipolletti. En la jornada, las partes formularon sus pedidos de pena para los cuatro agentes policiales hallados culpables por un jurado popular el pasado 22 de junio.
El Fiscal Jefe solicitó la única pena legalmente posible —prisión perpetua— para los tres policías varones condenados como autores del delito de tortura seguida de muerte. “No existe sobre ellos posibilidad de discutir otra pena”, sostuvo el representante del Ministerio Público. La defensa no presentó objeciones y la querella adhirió a la solicitud. En consecuencia, el juez de juicio homologó la pretensión y ordenó que los tres continúen detenidos con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.
En el caso de la mujer acusada, quien fue declarada culpable por no impedir el accionar de sus colegas, se incorporó prueba adicional antes de los alegatos de las partes. En ese marco, la imputada brindó testimonio sobre su situación actual, declararon testigos de su entorno y también fue escuchada la madre de la víctima.
El fiscal solicitó seis años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Argumentó que la acusada ocupaba el segundo lugar en la cadena de mando dentro de la comisaría y que, pese a haber presenciado el episodio de violencia, no intervino para detenerlo. “Tenía autoridad directa sobre quienes ejecutaron la agresión, y su omisión tuvo consecuencias fatales”, expresó.
Según el Ministerio Público, Jorge Gatica, que estaba esposado, sufrió 184 lesiones y la fractura de siete costillas durante su detención. La fiscalía remarcó la “gravedad institucional del caso”, el impacto sobre los derechos humanos y la afectación al bien jurídico de mayor relevancia: la vida.
También se subrayaron antecedentes disciplinarios de la acusada y su formación en normas básicas de derechos humanos. Aun cuando posteriormente cambió al guardia a cargo de la celda, esa medida fue considerada “tardía e insuficiente”.
Por su parte, la querella coincidió con la calificación penal y solicitó diez años de prisión, la pena máxima prevista por la figura de omisión dolosa. En tanto, la defensa pidió una condena de tres años en suspenso, con cumplimiento condicional.
El tribunal fijó la lectura de la sentencia para el próximo miércoles 19 de junio a las 13 horas. La audiencia será clave para determinar las penas que cumplirán los cuatro exintegrantes de la fuerza, en un caso que generó fuerte impacto social por el nivel de violencia institucional evidenciado.
17 julio 2025
Judiciales