El Ministerio Público Fiscal imputó a dos auxiliares que prestaban funciones en un hogar de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en General Roca, por presuntos hechos de maltrato y abuso contra niñas y niños bajo tutela estatal. El juez de Garantías estableció un plazo de investigación de dos meses, pese a la oposición de las defensas particulares.

De acuerdo con la acusación fiscal, con el respaldo de la defensora de menores interviniente, los hechos investigados son tres. El primero involucra a ambos imputados, quienes habrían maltratado a ocho niñas y niños entre abril de 2021 y septiembre de 2023. Según la fiscalía, los acusados también habrían amenazado a los menores para impedir que revelaran lo sucedido, en violación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

El segundo y tercer hecho atribuido corresponde exclusivamente al imputado varón, quien habría realizado tocamientos indebidos a tres de las niñas y niños mencionados. Además, a una de ellas la habría amenazado para silenciarla, de acuerdo con la descripción presentada por el fiscal del caso.

El hombre quedó imputado por los delitos de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautor y abuso sexual simple agravado por su condición de encargado de guarda, en calidad de autor, en concurso real. Por su parte, la mujer deberá responder por el delito de amenazas coactivas continuadas en calidad de coautora.

Entre las pruebas aportadas por el Ministerio Público Fiscal se incluyen la denuncia presentada por la Coordinadora Institucional del hogar, entrevistas a trabajadoras y trabajadores del lugar, informes elaborados por la Delegación de la SENAF y por la psicóloga de la institución. También se incorporaron las intervenciones de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), declaraciones obtenidas en Cámara Gesell por el Cuerpo de Investigación Forense, expedientes de la Junta de Disciplina de Río Negro y certificaciones laborales de los imputados.

Las defensas cuestionaron la acusación. El abogado defensor de la auxiliar mujer objetó la evidencia, señalando que los hechos no habrían sido consignados en los registros diarios del hogar y que el caso correspondería más bien a una instancia administrativa. El defensor del hombre expresó dudas respecto a la falta de denuncias o advertencias durante los tres años en que habrían ocurrido los hechos.

A pesar de estos planteos, el juez de Garantías validó la formulación de cargos y fijó el plazo de investigación preparatoria hasta el 18 de agosto próximo. Según informó el fiscal, la jueza de Familia actuante dictó previamente una medida cautelar que impone a ambos imputados la prohibición de acercamiento a las niñas y niños involucrados en el expediente.