En una audiencia realizada en Viedma, las partes intervinientes en la causa por el femicidio de Antonela Sabina Silva coincidieron en aceptar las conclusiones del informe psiquiátrico que determinó la inimputabilidad de Lucas Ariel Tura, acusado del crimen. El juez interviniente ordenó su internación involuntaria por un año, plazo que podrá ser prorrogado si así lo dispone la Justicia penal en función del seguimiento clínico del imputado.

El informe clave fue elaborado por la médica psiquiatra Verónica Martínez, quien determinó que al momento del hecho Tura presentaba un cuadro de trastorno psicótico inducido por consumo agudo de cocaína y alcohol. Según el dictamen, esta alteración psíquica le impidió comprender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. La conclusión fue respaldada por una junta médica integrada por el médico forense Ariel Bustos —quien también realizó la autopsia a la víctima— y el psicólogo Ariel Batcock, cuyas evaluaciones fueron incorporadas al expediente mediante informes presentados entre marzo y abril de este año.

Con base en esa evidencia, el juez resolvió imponer una medida de seguridad que implica la internación de Tura por el plazo mínimo de un año. La misma podrá ser prorrogada o revocada conforme lo establezca el juez de ejecución penal, en función del seguimiento médico, psiquiátrico y neurológico del imputado. Estos controles deberán realizarse de forma semestral.

Inicialmente, la internación se llevará a cabo en el área de salud mental del hospital Artémides Zatti de Viedma, con custodia policial. Luego, se le colocará una tobillera electrónica para su monitoreo, y continuará internado hasta que el Ministerio de Salud disponga su traslado a un centro especializado en tratamiento de adicciones.

El magistrado también ordenó remitir testimonios a la Justicia Federal para que se investigue el origen y la provisión de las sustancias tóxicas detectadas tanto en el cuerpo del acusado como en el de la víctima.

La única diferencia entre las partes se dio respecto a la duración de la medida de seguridad. Mientras que el Ministerio Público Fiscal y la defensa la consideraron razonable, la querella —en representación de la madre de Antonela— la calificó de insuficiente.