Desde febrero, los municipios de Viedma, El Bolsón y Villa Regina comenzaron a utilizar la herramienta de Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por el Poder Judicial para ejecutar infracciones locales de manera automatizada. La medida permite acelerar el trámite de deudas vinculadas a multas de tránsito, ruidos molestos, infracciones al código ambiental y otros incumplimientos municipales.

La herramienta, que en una primera etapa fue implementada para la ejecución fiscal provincial, ahora amplía su alcance a las ejecuciones fiscales municipales en el fuero Contencioso Administrativo. Viedma y Allen fueron las primeras ciudades en aplicar esta tecnología a nivel local. Posteriormente, se sumaron Bariloche, Cipolletti, General Roca, Cinco Saltos, San Antonio Oeste, El Bolsón y Villa Regina.

El proceso automatizado se inicia cuando el área legal del municipio presenta una demanda que incluye la boleta de deuda correspondiente, firmada digitalmente por el responsable del área de Hacienda. El sistema valida primero que los datos del deudor coincidan en todos los documentos y que el monto reclamado corresponda con los tributos informados.

Luego de superar esta verificación inicial, la herramienta realiza un análisis adicional para verificar si la persona demandada figura en procesos sucesorios o situaciones de quiebra dentro de la provincia. Si no se detectan antecedentes de este tipo, se emite un proyecto de sentencia que queda a disposición del juez o la jueza a cargo para su firma.

En caso de que el sistema encuentre inconsistencias o datos que requieran una revisión más compleja, el expediente es derivado al personal administrativo para su análisis y posible remisión a otro organismo competente.

Según datos del Poder Judicial, la utilización de IA permite completar una ejecución fiscal en un promedio de tres minutos, en contraste con el tiempo estimado de una hora que demanda el proceso manual. Esta diferencia responde, en parte, a la diversidad de modelos de certificados de deuda utilizados por los municipios, lo que en muchos casos requiere verificaciones más extensas.

La implementación fue posible tras un trabajo de articulación entre los municipios y el área de Informatización de la Gestión Judicial. Durante esta etapa, se ofrecieron capacitaciones técnicas y se adaptaron los sistemas locales para garantizar su compatibilidad con la nueva herramienta. La iniciativa también incluyó la estandarización de los certificados de deuda para asegurar que cumplan con los parámetros necesarios para su procesamiento automatizado.