El colectivo de personas con discapacidad, acompañado por familias, prestadores y organizaciones sociales, viene impulsando con fuerza en las últimas semanas el tratamiento urgente de una Ley de Emergencia en Discapacidad, ante el agravamiento de la situación que atraviesa el sector en todo el país.
La demanda apunta a frenar el deterioro de las condiciones de vida y atención que afecta a miles de personas con discapacidad, producto de recortes presupuestarios, demoras en los pagos por parte del Estado nacional, y la creciente precarización de las prestaciones. El espacio Igualdad Río Negro se sumó a las acciones de visibilización en apoyo al reclamo, que se replica en diversas provincias.
El proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad contempla declarar el estado de emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. La iniciativa plantea medidas para la regularización de deudas con prestadores, la condonación de intereses y la refinanciación de planes, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales que el Estado ha dejado de cubrir en forma efectiva.
El presidente de Igualdad Río Negro, Andrés Alvarenga, sostuvo que “es muy importante porque viene a solucionar un tema que el campo de la discapacidad viene padeciendo, como es el brutal ajuste del gobierno de Javier Milei”. Desde su espacio remarcaron que la situación actual genera un ahogo financiero que pone en riesgo la sostenibilidad de instituciones y profesionales dedicados al acompañamiento de personas con discapacidad.
Entre los puntos críticos que se advierten se encuentran las auditorías masivas realizadas sin criterio unificado, que aumentan la incertidumbre para los titulares de derechos, además de comprometer la estabilidad de quienes brindan los servicios. En el plano social, se alertó sobre el impacto en la salud, la educación, el trabajo y la calidad de vida de miles de personas que dependen del sistema de atención especializado.
Organizaciones de todo el país participan de jornadas de protesta y actividades públicas para visibilizar el problema y reclamar una respuesta estatal urgente. Según indicaron desde distintos espacios consultados, el escenario actual representa una regresión en términos de derechos adquiridos, y requiere la implementación de políticas públicas integrales que aseguren condiciones de vida dignas e inclusivas para las personas con discapacidad.
El debate sobre la emergencia en discapacidad se instala así en un contexto general de recorte del gasto público, que afecta de manera particular a los sectores históricamente más vulnerables. Mientras tanto, familias y referentes del ámbito de la discapacidad reiteran su pedido de ser escuchados y de que se priorice el bienestar de quienes necesitan del acompañamiento estatal para desarrollar su vida con autonomía e igualdad.
16 mayo 2025
Río Negro