En el marco de una recorrida por Balsa Las Perlas y zonas cercanas, la legisladora provincial de Vamos con Todos, Magdalena Odarda, mantuvo un encuentro con madres de jóvenes con síndrome de Down que reclaman una verdadera inclusión laboral sin la pérdida de derechos adquiridos. La demanda se centra en modificar el sistema actual que impide a muchas personas con discapacidad intelectual acceder a un empleo formal sin dejar de percibir pensiones u otros beneficios sociales.

Durante la reunión, Diana Andrade, de Neuquén, y María Cinto, de Cipolletti, compartieron sus experiencias y las de sus hijas, quienes realizaron prácticas laborales pero durante plazos muy breves: apenas algunas horas diarias y solo por una semana. Según expresaron, esta situación demuestra tanto el deseo como la capacidad de trabajar, aunque también la existencia de obstáculos estructurales que limitan una inserción real en el mundo laboral.

Las madres señalaron que, bajo el régimen actual, acceder a un empleo formal puede derivar en la pérdida automática de la pensión por discapacidad o incluso en la exclusión de beneficios vinculados a la jubilación de los progenitores. Frente a esta situación, propusieron revisar el marco normativo y avanzar hacia un sistema más flexible, que permita el ejercicio del derecho al trabajo sin resignar el acceso a la seguridad social.

La propuesta contempla aplicar un esquema de descuento proporcional sobre las pensiones, según el ingreso percibido por la persona con discapacidad. Esto permitiría compatibilizar el empleo formal con la protección social, promoviendo la autonomía y la inclusión efectiva en el ámbito laboral.

Otro de los ejes abordados durante el encuentro fue la necesidad de implementar modelos de vivienda tutelada y cobertura para acompañantes domiciliarios, especialmente en las etapas de adultez y vejez. Las madres advirtieron que un creciente número de personas con síndrome de Down atraviesa hoy estas etapas de la vida, y que es necesario garantizar contención, acceso a derechos y bienestar a lo largo de todo el ciclo vital.

Magdalena Odarda se comprometió a trabajar en una propuesta legislativa que recoja estas demandas y permita avanzar hacia una normativa más equitativa. El objetivo es asegurar que las personas con discapacidad intelectual puedan ejercer plenamente sus derechos laborales, sociales y humanos, sin que ello represente la pérdida de las garantías que les corresponden por su condición.