Piden participación provincial en la administración de represas

Senadores de Río Negro y Neuquén solicitaron al gobernador Weretilneck que exija al Gobierno Nacional reservar un 50% de las acciones para las provincias en el proceso de concesión

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En medio del debate por el futuro de las concesiones hidroeléctricas en la Patagonia, un grupo de senadores nacionales de Río Negro y Neuquén solicitó al gobernador Alberto Weretilneck que impulse ante el Gobierno Nacional la inclusión de las provincias en la propiedad y administración de las represas ubicadas en sus territorios. La petición se formalizó a través de una carta en la que también se reclamó una serie de condiciones específicas para la próxima licitación de estas centrales, actualmente en proceso de prórroga.

La iniciativa surgió luego de que el Gobierno Nacional, mediante el Decreto 895/2024, dispusiera la venta del paquete accionario de las empresas operadoras de las represas Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, a través de un concurso público nacional e internacional que, según se estableció, se extenderá hasta mediados de 2025. Posteriormente, el Decreto 263/2025 prorrogó el plazo en respuesta a un pedido de los gobernadores de Río Negro y Neuquén, quienes solicitaron más tiempo para revisar los pliegos elaborados por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas.

En ese marco, senadores como Martín Doñate, Silvina García Larraburu, Oscar Parrilli y Silvia Sapag plantearon en su nota que las concesiones privadas, vigentes desde la década de 1990 bajo la Ley 24.065, no han reportado beneficios industriales ni productivos para las provincias ni para el país. Señalaron además que las empresas concesionarias han obtenido ganancias “extraordinarias” sin realizar las inversiones necesarias para el mantenimiento y mejora de las represas, según consta en informes técnicos de diversos organismos oficiales.

Los legisladores también cuestionaron que los activos estratégicos, construidos originalmente por el Estado Nacional a través de HIDRONOR S.A., hayan sido adquiridos a bajo costo durante el proceso de privatización. Además, remarcaron que parte de las utilidades obtenidas por las compañías —entre las que mencionaron a Central Puerto, Pampa Energía, AES Energy y ENEL— fueron giradas al exterior, en algunos casos, contribuyendo a la fuga de divisas registrada entre 2016 y 2019, según información proporcionada por el Banco Central de la República Argentina.

Como propuesta concreta, los senadores sugirieron que se modifique el artículo 6° del Decreto 718/24, de manera que solo se licite el 50% de las acciones de cada sociedad, y que el 50% restante quede reservado a las provincias de Río Negro y Neuquén. Además, propusieron incluir en los futuros contratos de concesión un plazo máximo de 10 años, la obligación de devolver los activos al Estado al finalizar ese período, y la reinversión del 50% de las utilidades en mantenimiento y ampliación de infraestructura.

Finalmente, la propuesta también establece que los ingresos obtenidos por la venta de acciones se depositen en dólares en el Banco Central y que no se utilicen para el pago de deuda externa. Según indicaron los legisladores, la medida busca garantizar que los recursos generados por estas centrales hidroeléctricas permanezcan en el país y contribuyan a fortalecer el desarrollo regional y la soberanía energética.

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