La legisladora de Vamos con Todos, Ayelén Spósito y sus pares de bancada José Luis Berros, Fabián Pilquinao, Magdalena Odarda y Luciano Delgado Sempé junto al integrante del bloque PJ – Nuevo Encuentro, Leandro García, repudiaron enérgicamente “el cierre del Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar”. Consideraron “un retroceso en la aplicación de una política pública de acompañamiento al desarrollo económico y sustentable a los pequeños productores agropecuarios y la pesca artesanal, un atentado contra la soberanía alimentaria, además de agudizar el desempleo en nuestro país” por lo que propusieron elevar a Nación un pedido de revisión de la decisión.

Al respecto la parlamentaria sanantoniense destacó que “los primeros 100 días del gobierno de Javier Milei han sido sinónimo de graves y dañinos retrocesos. La concepción acerca del rol del Estado como gran articulador social y como constructor de equidad social ha sido destruida en un corto lapso”.

Ahora el gobierno nacional anunció que cerrará el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar.

Esta medida fue comunicada el 19 de marzo  a través del vocero presidencial Manuel Adorni y de manera casi inmediata, el presidente  Milei compartió en sus redes sociales un comunicado oficial del Ministerio de Economía de la Nación, que ratificaba la medida. A lo largo del día, el jefe de Estado compartió en su red social “X” una serie de posteos donde se tildaba a este organismo como un “curro” menos.

El Instituto creado en 2022 se especializa en dirigir políticas públicas al sector de la agricultura familiar, campesina e indígena y de la pesca artesanal e interviene en la elaboración de programas rurales que atienden las necesidades del sector, fomentando su arraigo y desarrollo económico, según detallan los proyectos de Comunicación y Declaración presentados esta semana en la Legislatura.

Entre sus atribuciones cuenta con el ejercicio de la representación de Argentina en el Mercosur y entiende, en la elaboración de programas con organismos internacionales para asistir al desarrollo técnico, económico, comercial, de agregado de valor y de promoción rural de pequeños y medianos productores y productoras familiares, pescadores y pescadoras artesanales, campesinos y campesinas e integrantes de pueblos Originarios.

“El cierre del INAFCI y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar representan el fin de una valiosa herramienta institucional para el desarrollo económico y sostenible de las economías regionales y un atentado a la soberanía alimentaria que se ha intentado construir a lo largo de los años”, indicó Spósito.

Aseguró que “bajo los lemas del ajuste, el achicamiento del estado y la modernización, el gobierno libertario sigue cercenando derechos y favoreciendo a los grandes capitales económicos concentrados  en detrimento de aquellos sectores más excluidos y postergados”.

Se estima que más de 900 trabajadores y trabajadoras desarrollan tareas en este organismo y son 18 en Río Negro “quienes quedan en la incertidumbre acerca de qué ocurrirá con su situación laboral. Más de mil pequeños y medianos productores de nuestra provincia perderán el acompañamiento imprescindible de una política pública que dio sobradas muestras de eficacia, sostenibilidad y eficiencia en el desarrollo de este sector tan importante en términos de soberanía alimentaria, producción sustentable y sostenimiento económico de miles de familias rionegrinas”, concluyó.