La Legislatura rionegrina aprobó ayer por unanimidad una serie de modificaciones al actual Código Contravencional de la Provincia, que está vigente desde el año 2022. Las nuevas medidas otorgan más instrumentos a la Policía y a los jueces de paz a la hora de actuar en conflictos vecinales.

Las personas que se encuentren en estado, preparación o comisión de una contravención podrán  ser demorados en el lugar o una dependencia policial, por un tiempo mínimo e indispensable, sin excederse de las ocho horas.

Los uniformados se encontrarán autorizados a secuestrar elementos relacionados con el hecho (aparatos de telefonía móvil, tablets, computadoras portátiles, inhibidores de alarmas, vehículos y motovehículos). En cualquier otro caso se debe requerir la respectiva orden escrita al Juez o Jueza de Paz.

Con respecto a las medidas cautelares, esos jueces podrán ordenar prohibición de acercamiento, de comunicación y contacto por cualquier medio -incluso telemáticos o a través de redes sociales- de la persona supuestamente agresora con la víctima o testigos, entre otras medidas.

Pica: “Es un instrumento de pacificación”

El legislador Lucas Pica (JSRN) explicó los alcances de la medida proveniente del Poder Ejecutivo, con acuerdo de ministros.

Recordó que el nuevo Código reemplazó a un régimen que databa de 1969, enmarcado en otro tipo de sociedad, y que se confeccionó tras un arduo trabajo suyo -junto a Facundo López- para que “puedan administrar los conflictos vecinales nuestros jueces de paz”.

Describió que las contravenciones “son afrentas al orden social que no han sido tipificadas en el nivel nacional, por lo que han quedado en manos de las provincias” y dijo que ese Código “es un  instrumento de pacificación”.

Pica relató que para elaborar las modificaciones aprobadas en la sesión de hoy tuvieron contacto con todas las comisarías y regionales policiales “para ver lo que sucedía en la práctica”.

“Nos dimos cuenta que necesitaban mayores instrumentos en el contexto de flagrancia, como lo es la figura de la demora preventiva”, reconoció.

Más adelante rescató la labor de los 49 jueces de paz de la provincia, que son “la primera línea en las localidades más chicas, tratando de mediar entre vecinos”.

“El Poder Ejecutivo está demostrando esta necesidad de leer la realidad y poder actuar en consecuencia para transformarla”, cerró.

El respaldo de todos los bloques

El proyecto recibió el respaldo de todos los legisladores al ser votado en general, y unos pocos rechazos a algunos de sus artículos, que fueron tratados individualmente.

La parlamentaria Daniela Agostino (ARI-Cambiemos) sostuvo que “estas herramientas son las que nos está demandando la gente, en el marco de una necesaria política de protección de las víctimas”.

Martina Lacour (PRO) dijo tener una “sensación ambivalente”. “Por un lado alegra que el Ejecutivo haya tomado acciones en materia de seguridad, pero lamentamos haber llegado a esto tras tantos años de abandono de valores”, indicó.

Consideró positivo “adecuar el poder punitivo a las circunstancias actuales, si bien la realidad demuestra que actualmente el Código Contravencional es de prácticamente nula aplicación. Pero las modificaciones parecen ir en el sentido de tornarlo más aplicable ampliando las facultades de intervención, sin alterar las garantías constitucionales”.

Para Carmelio Pilquinao (Vamos con Todos), las reformas “vienen a corregir cuestiones de la ley hoy vigente”. Subrayó el artículo 9, que incorpora medidas cautelares, que es un avance significativo en la lucha contra las contravenciones y la protección de las víctimas y testigos”.

“Las medidas están diseñadas con un equilibrio justo entre la necesidad de protección y el respeto por los derechos individuales. Representa un paso importante hacia adelante en la mejora de nuestro sistema contravencional”, sentenció.

La respuesta de Pica a Lacour

Antes de la votación, Pica le respondió a Lacour, quien había señalado que el actual Código era prácticamente de nula aplicación.

El legislador de JSRN aseguró que  “eso no es cierto” y lo fundamentó citando un informe, elaborado tras el primer año de su puesta en funcionamiento, que señala que el 50% de los conflictos se resolvieron en instancias de mediación.