La defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, brindó esta mañana ante la cámara legislativa el informe “in voce” de las actuaciones del organismo a su cargo durante el período 2022-2023.

Al iniciar su presentación, Santagati, acompañada por el Defensor Adjunto, Álvaro Larreguy, aclaró que el informe "resulta extemporáneo debido a lo que viene sucediendo a partir del 10 de diciembre".

En este sentido, dijo que la tolerancia y el respeto "son los pilares de la democracia".

"Cuando no existe la tolerancia se impone el fanatismo. Desacreditar con expresiones irrespetuosas y lesivas a quienes integran las instituciones de la república, en nada contribuyen a la convivencia armoniosa de la sociedad", argumentó Santagati.

La defensora reflexionó que "la pobreza, la inflación, la desigualdad y la falta de trabajo, no tendrán solución si no partimos de un diálogo sincero" y por ello, rechazó "las expresiones de odio, los insultos y los agravios contra las instituciones democráticas y sus representantes, elegidos por la voluntad popular".

Al abordar el informe, indicó Santagati que durante 2023 trabajó en un escenario  "de mucha incertidumbre" que "transcurrió entre la corriente de acontecimientos de la vida política con la singular cantidad de actos eleccionarios, una crisis económica que fue agravándose progresivamente y la trama de necesidades de la ciudadanía".

“En este escenario tuvo que desenvolverse la Defensoría del Pueblo” y por ello el organismo a su cargo “debió utilizar todas las herramientas metodológicas disponibles” y propició la articulación con las diferentes áreas del Gobierno para dar respuestas a la población

Santagati expresó que la Defensoría avanzó en su plan de modernización. “Implementamos un tablero de monitoreo que nos permite detectar dónde están los mayores problemas; implementamos whatsapp y crecieron los reclamos por esta vía; y también hicimos recorridas territoriales con presencia en 29 municipios y 18 comisiones de fomento”, detalló la Defensora.

El acto fue acompañado por el Fiscal de Investigaciones Administrativas Río Negro, Fabián Gatti; los Defensores del Pueblo de Viedma y de San Antonio Oeste, Marín Pérez Morando y Gabriel Bottari, respectivamente; y por la Delegada de la Defensoría del Pueblo de la Nación en Viedma, María Eugenia Rodríguez.