El gobernador Alberto Weretilneck promulgó el decreto 81/2024 que establece topes salariales para funcionarios públicos en el ámbito administrativo.

La medida fue tomada para asegurar que los sueldos de funcionarios superiores del Poder Ejecutivo no superen las establecidas para el cargo de Ministro.

La decisión surge en un contexto de emergencia económica, financiera y fiscal declarada por la Ley N° 5.688, que establece un control del gasto. Según confirmaron en el Gobierno hay casos en los que las remuneraciones de funcionarios políticos de alta jerarquía superan ampliamente las establecidas para cargos de similar relevancia.

Según lo establecido en el decreto, ningún funcionario público de designación política en la administración central, descentralizada, organismos autárquicos y entes provinciales podrá percibir una retribución bruta o ingreso que supere el límite fijado para el cargo de Ministro. Esto incluye no sólo los salarios fijos, sino también bonificaciones, incentivos, y otros conceptos retributivos especiales.

La medida también busca garantizar que los funcionarios de menor jerarquía no reciban ingresos superiores a los de los Ministros del Gabinete, en línea con el principio de jerarquía administrativa. Asimismo, se pretende promover una adecuación progresiva y racional de las estructuras salariales, garantizando un criterio de racionalidad y equidad en la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos.

Los Ministros del Gabinete provincial serán las autoridades encargadas de aplicar el decreto y supervisar su cumplimiento en los organismos y empresas del Estado bajo su jurisdicción. Además, deberán tomar medidas para asegurar que se respeten los topes salariales establecidos y promover una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos.

La entrada en vigor de este decreto marca un hito importante en los esfuerzos del gobierno provincial por promover una administración pública más equitativa y responsable. Se espera que estas medidas contribuyan significativamente a fortalecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales y a garantizar un uso más eficiente de los recursos del Estado.